Tanto los servicios jurídicos de la Xunta como de las distintas federaciones de transporte de viajeros por carretera se han puesto a estudiar al detalle una sentencia que desarma, a mitad de trayecto, el plan ideado por la Xunta en consenso con el sector para modernizar la flota a cambio de ampliar las concesiones de forma automática para un periodo de diez años, de los que quedan aún cinco por cumplir.
"Es una sentencia de mucho calado y aún no nos atrevemos a detallar las consecuencias, sería muy prematuro", aseguran desde las federaciones de transporte. La resolución judicial ha trastocado sus planes económicos y el proceso de modernización de la flota, dos elementos que ahora deberán recalcular las empresas para ajustarse la nueva realidad que marca la sentencia.
La Xunta también le está dando vueltas a la posibilidad de presentar un recurso, pero solo le queda la vía del Tribunal Constitucional, por lo que se trabaja con el escenario probable de que se tenga que adelantar el proceso de licitación de las concesiones del transporte interurbano.
No obstante, la Consellería de Infraestrutura e Vivenda precisa que en caso de ser así, "los actuales servicios continuarán prestándose a los ciudadanos hasta que concluya el proceso de licitación".
La sentencia del Supremo ha cogido a pie cambiado a la Administración autonómica y a las empresas del sector, pues se esperaban un pronunciamiento a favor, en la misma línea que se había expresado en 2012 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
