A diferencia de la mayoría de las licitaciones públicas, la que la Xunta acaba de lanzar en busca de un nuevo gestor para el Centro de Tratamento de Residuos Industriales de Galicia, a donde va el 85% de los materiales de este tipo, peligrosos, que se manejan en la comunidad, sale a cero euros. No hay un presupuesto base porque las arcas autonómicas no abonarán nada al adjudicatario, que sí, en cambio, tendrá que pagar un canon adelantado de 3,5 millones, otro anual de 45.000 euros y otro variable en función de los beneficios, que serán su remuneración por el servicio. Hasta ahora, la explotación del complejo ubicado en la localidad coruñesa de As Somozas, uno de más importantes del sector de residuos en todo el país, estaba en manos de Sogarisa, participada, entre otros, por la propia administración autonómica (10%) y la catalana Ecocat (49%), bajo el paraguas del grupo Ferrovial. Pero el contrato vence este año y la Consellería de Medio Ambiente ha decidido abrir el negocio a nuevos socios. La previsión es que esa fuente de ingresos única para el ganador, las ganancias, sumen 16 millones de euros en los 20 años que se prolongará la concesión. Sin que en ninguno de ellos vuelvan a repetirse las pérdidas que se dieron en ejercicios pasados.
El contrato incorpora un estudio de viabilidad económico-financiera sobre la actividad que incluye, por un lado, la radiografía de lo ocurrido en los últimos años. La planta cerró 2010 con pérdidas de 382.447 euros. En 2011 el beneficio neto alcanzó los 383.746 euros. Desde entonces se repiten las pérdidas. Casi 6 millones de euros, según la información que figura en el pliego de condiciones, incluidos los 119.400 euros que arroja la estimación de 2015. El análisis de futuro elaborado por la firma G-Advisory, del grupo Garrigues, contempla otra vez ganancias entre 2016 y 2036. Un total de 16,04 millones limpios ya del fondo local destinado al concello de As Somozas -equivalente al 5% de la facturación bruta anual- y de lo que teóricamente la nueva gestora debe desembolsar por la tasa fija y variable que corresponde a la Xunta y también de las obras de mejora durante todo ese tiempo que se consideran necesarias.
Y no son cifras menores. En concepto del canon, el montante se fija en 6,2 millones de euros. Las inversiones rozan los 18 millones de euros. "A pesar de que el concesionario recibirá unas instalaciones en adecuado estado de conservación y funcionamiento, la explotación de la planta llevará aparejada necesariamente un montante relevante de inversiones a acometer a lo largo de la vida de la concesión", admite el informe. Las contempladas son "las mínimas a ejecutar para mantener el negocio tal y como está configurado actualmente". Un requisito que exige la licitación. Que cuando terminen los 20 años, la Xunta reciba el complejo en las mismas condiciones en las que está. Son, entre otras actuaciones, 3,5 millones para el arranque del segundo depósito de seguridad y 420.000 euros al año para su explotación, y otros 6 millones para la apertura de un tercer depósito.
"No obstante a lo anterior, el pliego solicita a los licitadores que incluyan, cuantifiquen y justifiquen en sus ofertas aquellas otras inversiones que se comprometan a realizar a lo largo del periodo concesional, por encima de las aquí consideradas como mínimas a ejecutar", señala la documentación del contrato. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destaca tras la aprobación de la licitación a principios de mes que el plan de inversiones será uno de los parámetros a tener en cuenta para la valoración de las ofertas, con mayor nota para las que presenten planes que propongan la ampliación de la infraestructura "para mejorar y optimizar el tratamiento de residuos".
A la carga de trabajo en el centro de tratamiento le pasó factura la crisis, con importante caídas en 2013 y 2014 de las toneladas recibidas. En 2015 fueron, según los datos provisionales, unas 72.469, un 7,5% más que el ejercicio precedente. La consultora encargada del análisis de viabilidad recuerda que la evolución dependerá a su vez del comportamiento de la industria en el país los próximos años y "la tendencia a minimizar la generación de residuos industriales". Su cálculo apuesta por un alza continuada del 70% del incremento del Producto Interior Bruto (PIB).
"Para estimar a futuro los ingresos esperados por este tipo de operaciones, se ha considerado sobre la base del histórico disponible, que existirá un negocio recurrente de alrededor de un millón de euros al año", según la firma, que defiende que son criterios prudentes a la hora, por ejemplo, de incluir ingresos por "operaciones y emergencias" como la que ocurrió con el desastre del Prestige. En los 20 años de concesión, la cifra de negocio superará los 221 millones de euros.
La plantilla está formada por 57 empleados, con una reducción en costes laborales desde los 2,37 millones de euros de 2010 a 2,06 millones en 2014.
En todo caso, los expertos encargados de perfilar la actividad en el centro y sus cuentas hasta 2036, avisan que sus proyecciones parten "de la información facilitada" por Sogarisa y "en la consideración de ciertas hipótesis acerca de la evolución a futuro de una serie de variables conforme a las mejores estimaciones que han podido realizarse de acuerdo a la información disponible". Si no se dan, tampoco se cumplirían las magnitudes de negocio. O si son mejores, mejores serán también los resultados financieros.
