El pleno del Parlamento de Galicia aprobó hoy, con los 72 votos a favor de los diputados presentes, el dictamen de la Comisión de Ordenación Territorial para reclamar la transferencia de la titularidad y competencia de la AP-9 del Estado a la Xunta. El dictamen de la proposición de ley, impulsadada desde el BNG, será remitido al Congreso de los Diputados, donde será defendido por los tres diputados designados: el popular Jesús Goldar, el socialista Raúl Fernández y la diputada del BNG Ana Pontón.

Una vez trasladada la propuesta al Congreso, debe admitirse a trámite para su posterior debate. No es la primera vez que se intenta conseguir la transferencia de la titularidad y competencia de la AP-9, ya que el proceso fue tumbado en ocasiones anteriores. Cabe destacar que el trámite podría dilatarse durante un periodo de dos o tres año.

Durante el debate en pleno de la proposición de ley el diputado del PPdeG Jesús Goldar recordó que su grupo había introducido una enmienda para eliminar un párrafo del texto crítico con el Gobierno central por la gestión de la autopista. Goldar expuso que su grupo parlamentario no está de acuerdo con los peajes de la AP-9 y que por eso pretende que se consiga la transferencia de esta vía.

"El Gobierno de Galicia ya indicó que faltaban mecanismos para que la ciudadanía se pudiese beneficiar de las infraestructuras amortizadas prematuramente", sostuvo. "Gobierne quien gobierne en esta nueva legislatura en España, lo que manifestamos solemnemente con la aprobación de esta proposición de ley en este Parlamento es que concluya con la definitiva transferencia de la autopista a nuestra Comunidad dando cumplimiento así a un importante objetivo para todos los gallegos", afirmó Goldar.

El socialista Raúl Fernández indicó que la acumulación de iniciativas sobre la AP-9 "pone de manifiesto la importancia que tiene este tema para Galicia". Según el diputado socialista, la AP-9 "no cumple actualmente el papel de generar un valor añadido cuyos beneficiarios éramos los usuarios y que mudó por percepciones políticas del gobierno del PP".

A juicio de Fernández, la autopista que vertebra Galicia "está perdiendo su atractivo y su papel como palanca de crecimiento", e indicó que el propio Ministerio de Fomento "coloca a la AP-9 como una de las autopistas más caras del Estado". "Creemos que es posible la transferencia, lo permite la Constitución y el Estatuto para que la AP-9 pueda jugar un papel fundamental como palanca de crecimiento de Galicia", subrayó.

Ana Pontón, del BNG, consideró que esta autopista representa "todo un símbolo de agravio para los gallegos, es un saqueo a sus bolsillos. Tenemos los peajes más altos a pesar de tener los salarios más bajos", remarcó. La nacionalista informó de que desde el año 2003 los peajes se incrementaron un 50 por ciento; "peajes que en la práctica suponen un impuesto a la circulación para este país", consideró. "Hay que caminar hacia una AP-9 libre de peajes porque esta autopista está más que requetepagada", señaló.

El diputado de AGE Juan Fajardo criticó que la autopista AP-9 "es en un 45 por ciento propiedad de un fondo buitre americano que a la vez está echando de sus casas a las personas que no pueden pagar sus hipotecas". Criticó el diputado que los "continuos gobiernos utilizaron esta autopista para dotar de capacidad económica a empresas privadas". "Una autovía valorada en dos mil millones que va a generar nueve mil quinientos millones. Es un desfalco", aseveró.

Fajardo propuso apoyar la proposición de ley debatida hoy en la Cámara gallega "para ser capaces de recuperar para lo público esta infraestructura", e indicó que esta infraestructura pierde cada año un 2,5 por ciento de su empleo. Denunció también que "se acumulan decenas de sentencias" contra la AP-9 por falta de seguridad.

Por último, Mónica Fernández, del grupo Mixto, afirmó que la AP-9 es una de las autopistas "más rentables del Estado" si bien el servicio que presta "es deficitario". "Un atraco en toda regla", señaló. Fernández apuntó que muchos profesionales del transporte se ven obligados a utilizar vías alternativas "por los precios prohibitivos" de esta infraestructura.

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