Un total de 1.981 gallegos con antecedentes por delitos sexuales no podrán trabajar con niños ni en la administración pública ni en la empresa privada. Su nombre está incluido en el Registro Central de Delincuentes Sexuales que puso en marcha el Ministerio de Justicia el pasado 1 de marzo. Desde esa fecha la Xunta debe comprobar que su personal, desde profesores, pediatras, enfermeros o cualquier otro trabajador que esté en contacto con niños, no haya sido condenado por abusos, acoso, agresión, maltrato, exhibicionismo o corrupción de menores. También afecta a los que tengan un historial por trata de personas, prostitución o pornografía. Las consellerías de Sanidade y Política Social revisarán la situación de todo su personal, pero Educación lo hará solo con los nuevos contratos.
También los concellos deberán someterse a esta norma, así como las empresas que gestionen guarderías o que se dediquen a organizar cualquier tipo de actividad juvenil, como campamentos. Para poder ejercer cualquiera destas profesiones en las que se está en contacto con niños, los interesados deberán presentar un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales o bien si quieren trabajar para una administración pública bastará con que dén su consentimiento por escrito para que los contratadores puedan consultar su historial en el fichero del Ministerio de Justicia.
Según este registro, en España hay un total de 40.782 personas con antecedentes por delitos sexuales, de los cuales 1.981 residen en Galicia. Es la sexta comunidad con un mayor número de condenados, aunque si se tiene en cuenta su población resulta que es la segunda autonomía con menos casos (0,73 por cada mil habitantes, cifra que solo supera Madrid con 0,64).
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En el registro figuran solo los condenados, tanto mayores como menores de edad, con sentencia firme en territorio nacional o en otro país pero que mantienen la residencia en España. Además de la identidad y las penas y medidas de seguridad impuestas a estas personas, también aparece su perfil genético (ADN) cuando la resolución judicial lo establece. No revela, sin embargo, ningún dato de las víctimas de sus delitos si se especifica que son menores.
Y únicamente constan en este fichero aquellos condenados que tengan sus antecedentes vivos, puesto que al pasar un determinado plazo de tiempo, que depende de la gravedad del delito, quedan borrados del historial.
Así, dejarán de aparecer en el registro, los menores sentenciados cuando cumplan 28 años de edad. Cuando el condenado sea un adulto y la víctima un menor de edad, constará en los antecedentes durante los 30 años siguientes al día en que cumpla su pena, siempre y cuando no haya vuelto a delinquir. Cuando quien cometa el abuso y su víctima sean adultos, el plazo dependerá de la sentencia. Puede oscilar entre seis años, para los casos menos graves, a los 30.
La información del Registro de Delincuentes Sexuales no es pública. Solo puede ser consultada por fiscales, jueces y tribunales de cualquier jurisdicción, policía judicial y organismos públicos para realizar procesos de selección de personal.
El objetivo de este fichero es proteger a los menores contra la explotación y el abuso sexual, mediante un mecanismo de prevención que permita conocer si quienes sean condenados en sentencia firme por dichos delitos no puedan realizar actividades ni ejercer profesiones u oficios que impliquen el contacto habitual con menores. Quedó así regulado en la reforma de la Ley de Protección Jurídica del Menor, que se aprobó a mediados del pasado año pero que no se ha hecho efectiva hasta el pasado 1 de marzo con la creación del Registro de Delincuentes Sexuales.
Quienes deseen trabajar con niños en la empresa privada podrán solicitar el certificado por vía digital en la página web del Ministerio. Si es una administración pública, bastará con dar consentimiento escrito para que sea el propio organismo quien consulte la información.
No será necesario presentar el certificado para optar a los procesos de selección. Solo una vez ha superado las pruebas y obtenido una plaza deberá acreditar que no tiene antecedentes por delito sexual.
