Parte de la reforma local que puso en pie de guerra a alcaldes de todos los colores políticos y que obligó a Hacienda a redactar hasta diez borradores se queda por el camino. Más de dos años después de su entrada en vigor y con una decena de recursos aún en fase de resolución, el Tribunal Constitucional ha anulado varios preceptos de la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ya que invade competencias autonómicas.
En el fallo al recurso interpuesto por la Asamblea de Extremadura, el Alto Tribunal anula la prohibición de que los ayuntamientos presten servicios sociales o sanitarios, así como rechaza que Hacienda pueda aplicar retenciones a las comunidades autónomas cuando éstas no cumplan sus obligaciones de pago con las administraciones locales y declara inconstitucional el precepto por el que se prevé suprimir entidades locales menores cuando no presenten sus cuentas al Ejecutivo autonómico o al Estado.
Desde la Xunta, el director xeral de Administración Local, Alberto Pazos Couñago, destaca que el pronunciamiento del Constitucional afectará "bastante poco" a Galicia y ratifica el trabajo "bien hecho" por la Xunta en relación a la reforma local. Pazos se refería así al acuerdo alcanzado la primavera pasada con Hacienda para adaptar la ley a las particularidades de la comunidad gallega, permitiendo a los concellos seguir prestando competencias impropias que ya asumían antes de la reforma local (como servicios sociales, conservatorios, guarderías o centros culturales) siempre que no pongan en riesgo su sostenibilidad financiera y no se generen duplicidades en la prestación de esos servicios. En la Xunta, insistió, están "muy tranquilos" con estas "modificaciones mínimas" porque la Administración gallega "ya hizo los deberes".
Para el director xeral de Administración Local, el Constitucional "aporta claridad" a la fusión de Oza-Cesuras, ya que pese a estar "consolidada" había "algunas personas con alguna duda" y contribuye a "clarificar la fusión en marcha entre Cerdedo y Cotabe". En su fallo, el Alto Tribunal avala la potestad del Ejecutivo central para promover fusiones de ayuntamientos y la "reducción del mapa municipal".
El pronunciamiento del Constitucional, según la Xunta, "aporta claridad para trabajar en el futuro" y no afectará "prácticamente en nada a la prestación de servicios" por parte de los concellos. En cualquier caso, concluyó Pazos, "sigue garantizada la continuidad de los que se prestaban".
Desde le Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), su presidente, Abel Caballero, se manifestó satisfecho por la resolución ya que permitirá a los ayuntamientos mantener sus políticas sociales. "Es una desautorización severa al Gobierno", sentenció el también alcalde de Vigo, para quien el fallo del Constitucional es un "paso adelante muy importante en el municipalismo español" y avala "una parte muy importante" de lo que las administraciones locales reclaman en su propio recurso (en el que reúnen a más de 3.000 ayuntamientos).
Este pronunciamiento del Alto Tribunal marcará el rumbo que seguirá en sus respuestas a los múltiples recursos presentados contra la polémica reforma local. Junto al recurso de la Asamblea de Extremadura y los 3.000 ayuntamientos, el Constitucional tiene admitidos a trámite otros de la oposición parlamentaria, los gobiernos autonómicos de Andalucía, Cataluña y Canarias, el Consejo del Gobierno de Asturias y los parlamentos de Cataluña, Andalucía y Navarra.
Desde el Gobierno central consideran que la reforma local sigue en vigor pese a la sentencia del Constitucional que anula varios preceptos de la ley, por entender que mantiene la constitucionalidad de casi toda la norma y, sobre todo, sus aspectos esenciales, entre los que está el de evitar duplicidades.
Desde el PSOE, la secretaria de Política Municipal, Adriana Lastra, concluye que la sentencia del Alto Tribunal sobre algunos preceptos de la reforma local supone "un rechazo claro" a la norma y recuerda que todavía están pendientes varios recursos impulsados por los ayuntamientos.
