El 27 de febrero de 2014, hace por tanto dos años justos, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sentenció sobre lo que insistentemente la Comisión Europea había advertido con anterioridad a España. Que el impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos, el popularmente conocido como "céntimo sanitario", era ilegal. Ni contaba con un fin específico -el fallo tildó de "mera organización interna del presupuesto" el hecho de que la recaudación fuera teóricamente destinada a atender gastos sanitarios de las comunidades-, ni existió la buena fe que esgrimía el Abogado del Estado porque el cobro se prorrogó durante más de una década. El Gobierno central minimizó entonces el impacto de la devolución de los 13.000 millones de euros a los que ascendían el total de ingresos por los ejercicios ya prescritos, hasta 2009. Pero el Supremo acaba de dar la razón a los primeros transportistas que, precisamente por el argumento de esa mala fe, reclamaron la responsabilidad patrimonial de la administración. La confirmación por parte del alto tribunal de que el reembolso debe ser íntegro tiene un impacto limitado para la mayoría de los que afrontaron el gravamen, el pequeño consumidor, para los que la solicitud de recuperación es prácticamente imposible. Lo que permitirá a Hacienda quedarse con más de 700 millones de euros de lo recaudado en Galicia.
En sus dos primeros años tras el impulso del gravamen desde el Ejecutivo central en 2002, el impuesto minorista de hidrocarburos aportó 37,1 y 51,6 millones de euros. Una vez que la Xunta lo activó como suyo a partir de 2004, su contribución aumentó exponencialmente, hasta los 78,3 millones de euros. Durante los años de bonanza económica llegó a superar los 93 millones de euros, hasta que el estallido de la crisis mermó los consumos de combustibles en la comunidad y la recaudación cayó a 80 millones. En total, según los datos de la liquidación de presupuestos, el impuesto superó en Galicia los 897 millones de euros.
Entre las asociaciones de transportistas consultadas por FARO reconocen que, pese al relevante peso de la demanda de gasoleo y gasolina en el sector, "lo gordo" del gasto viene "del conductor no profesional". No es fácil hacer un cálculo de cuánto le corresponde al consumidor y cuánto al transporte, pero esas mismas patronales estiman que la devolución del "céntimo sanitario" al completo en su caso supondrá "algo más de unos 150 millones de euros" -solo 100 millones como mínimo procederían de los ejercicios que inicialmente Hacienda consideraba prescritos-, con lo que el resto, por encima de los 700 millones, cerca del 80%, no se devolverá.
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Cualquiera que haya soportado el gasto cuenta con el derecho a pedir el dinero. Cuando el importe no supere los 3.000 euros "y el destinatario no sea empresario o profesional", como recuerda la Agencia Tributaria, el consumidor puede presentar "la expedición del tique". Por lo que sería necesario haber guardado todas las facturas. Pero además, sea cual sea el formato, en ellas debe aparecer o el importe concreto repercutido por el tributo o la mención de que está incluido "cuando esta simplificación hubiera sido previamente autorizada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales". Algo que, por ejemplo, no figura en los resguardos del pago con tarjeta.
Por eso las cifras que maneja Hacienda para la devolución en el conjunto del Estado están muy lejos de los 13.000 millones recaudados. En 2014, cuando salió la sentencia, el Gobierno computó 1.700 millones de euros al déficit por el cumplimiento y en el departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro señalaron después de la resolución del Supremo que el coste adicional para las arcas públicas rondaría los 1.000 millones. Unos 3.000 millones. El 23%.
