Las excavadoras y palas de la Xunta amenazan a miles de viviendas construidas en suelo rústico sin licencia. Al menos unos 2.000 propietarios con orden de derribo en curso en Galicia pelean en los tribunales para tratar de suspender la demolición de sus casas y también mantienen reuniones con distintos grupos parlamentarios en busca de una vía legal que regularice sus casas. Una de las medidas que pusieron encima de la mesa a la Consellería de Medio Ambiente fue una moratoria para aquellos inmuebles con expediente de reposición abierto hasta que sus respectivos ayuntamientos aprobasen su plan de ordenación municipal. Pero esa propuesta, según advierte el director de la Axencia de Protección da Legalidad Urbanística (APLU), José Antonio Cerdeira, es ilegal. "No puedes dejar de reaccionar contra una edificación porque esté en tramitación una posible solución legal", sentencia Cerdeira, al tiempo que apunta el plazo que tarda en aprobarse un PXOM: una media de seis a ocho años pero algunos incluso necesitan más de una década.
Sin embargo, el director de la APLU, entidad creada en 2008 por el bipartito y que depende de la Consellería de Medio Ambiente, garantiza que la agencia no reducirá a escombros una vivienda "que tenga posibilidades de legalización a corto plazo". "Si se está tramitando un plan urbanístico y faltan unos informes y en el plazo de unos tres meses está el PXOM aprobado, esa casa no se va a tirar", garantiza Cerdeira. "Nuestra máxima es que no se acomete una demolición se hay alguna posibilidad de legalizar una vivienda, pero no a ocho años vista", concluye el director de la APLU, quien al mismo tiempo reitera que el "PXOM no es un instrumento para solucionar ilegalidades, sino para prever el crecimiento ordenado de un ayuntamiento".
Catorce años después de que el Gobierno de Fraga aprobase la Lei do Solo para poner fin al caos urbanístico en la comunidad, tan solo 84 concellos -apenas el 27% del total en Galicia- tienen su plan adaptado a la normativa de 2002. Pero para la mayoría de municipios, sobre todo para los más pequeños, la ordenación del territorio se ha convertido en una tarea larga, compleja y en ocasiones interminable.
Más de la mitad de los ayuntamientos gallegos -un total de 173- no adaptaron todavía su reglamento a la Lei de 2002; y de ellos 139 iniciaron los trámites para el nuevo plan de ordenación (el 44% del conjunto de los ayuntamientos gallegos) y los 34 restantes aún no dieron paso alguno.
La situación es todavía más caótica en 57 concellos que carecen de planeamiento alguno y se rigen por normas obsoletas, de ellos tres no iniciaron gestión alguna para tramitar su PXOM.
Los más de 2.000 propietarios de viviendas levantadas hace años en suelo rústico y con expediente de reposición abierto esperan que sus concellos aprueben en breve su plan general y así poder regularizar sus inmuebles.
Una vez dictada la orden de derribo, algunos propietarios se resisten a reducir a escombros su vivienda familiar y prefieren agotar la vía judicial y enfrentarse a las sucesivas multas coercitivas que le impone la administración. La batalla en los tribunales puede superar los diez años y las sanciones van de los 1.000 a los 10.000 euros. "Hay casos en los que la demolición del inmueble tarda diez o doce años desde que se da inicio al expediente", apunta el director de la APLU.
Lei do Solo
Por el contrario, que sigan en pie las viviendas y naves industriales edificadas fuera de ordenación no dependerá de la aprobación inmediata del PXOM. La nueva Lei do Solo reconocerá estos inmuebles, a los que la Administración no ha abierto expediente de reposición en seis años -pasado ese plazo, le edificación queda fuera de ordenación y la Xunta ya no puede actuar contra esa construcción- y les permitirá que pasen a dentro de la ordenación, lo que dará seguridad jurídica a sus dueños.
La nueva ley clarifica dos tipos de fuera de ordenación: total y parcial. En el primer caso, afecta a viviendas construidas en zonas verdes, afecten a viales o equipamientos públicos y tan solo estarán permitidas obras de mantenimiento. En cuanto a al fuera de ordenación parcial, la reforma de la Lei do Solo remite estas edificaciones a los PXOM, de manera que serán los planeamientos de cada municipio los que determinen qué se puede hacer en ese inmueble.
La norma mantiene la prohibición de nuevas viviendas en suelo rústico, excepto las vinculadas a explotaciones agroalimentarias. Para preservar los valores del entorno, las nuevas construcciones en suelo rústico deberán ajustarse a varios requisitos. Por ejemplo, el volumen máximo de la edificación será similar al de las edificaciones tradicionales existentes, con una altura máxima de siete metros. Asimismo, la norma determina que la superficie de la parcela debe ser, como mínimo, de 2.000 metros cuadrados; la construcción ocupar un máximo del 20% del terreno; que se minimice el impacto visual y que se mantenga en su estado natural, como mínimo, el 50% de la parcela.
