-Se acaba de aprobar la nueva Lei do Solo sin el consenso con el que se proponían. La oposición anunció que la derogaría si cambia el Gobierno en la Xunta.

-La elaboración de esta ley se ha debatido y consensuado con los agentes implicados para sacar un texto lo más acorde con la protección del territorio. ¿Consenso? En su elaboración, desde luego lo hubo. No entro en si los otros partidos estaban de acuerdo con ese texto. ¿Que van a venir otras fuerzas y cargarse la ley? En su día tuvieron la ocasión de modificar la que estaba vigente y no lo hicieron. Eso quiere decir que el anterior texto tampoco era tan malo.

-En la nueva Lei do Solo se dan más competencias urbanísticas a los concellos. Los fiscales en Urbanismo en distintas comunidades advirtieron en los últimos años de los riesgos que esto conlleva.

-La apuesta de la ley por los ayuntamientos es valiente. Las administraciones locales tienen que estar cada vez más profesionalizadas y de hecho cada vez lo están más. Es raro un ayuntamiento que no cuente con un secretario municipal o incluso con técnicos de la Administración General, arquitectos... Los medios están ahí,. Hasta ahora, no ha habido esa apuesta por ejercer esas competencias. En la actualidad, las administraciones locales ya son suficientemente maduras para afrontarlas. La apuesta de la ley es acertada; otra cosa es que después en 314 concellos haya algunos que carezca de medios o disponibilidad. Serán casos concretos, porque hay muchos que están preparados para ejercer esas competencias.

-Desde que se ha creado la APLU en 2008, ¿los concellos han puesto punto y final a la disciplina del vai facendo

-Estamos avanzado pero todavía queda camino por recorrer porque sigue habiendo ayuntamientos que por falta de medios, por desconocimiento o por la problemática que supone ejercer la disciplina urbanística no lo hacen. Me costaría cree que hay alcaldes que le digan a un vecino, sabiendo las consecuencias que puede acarrear, que no se preocupe y que siga haciendo su casa sin licencia y que él no le va a denunciar. Ya la gente sabe hoy que el ti vai facendo ya no vale, porque no te da seguridad jurídica. Te puede denunciar cualquier vecino, está la APLU que tiene sus inspectores, la Policía Autonómica, la Guardia Civil... Te pueden cazar en cualquier momento. Hace 20 años no había ese control. Llegar a un objetivo exige endurecer las medidas. En Urbanismo, ocurre como en Tráfico, si quieres acabar con las alcoholemias tienes que poner a agentes controlando y sanciones, porque con mensajes no basta.

-¿Los propietarios han tomado conciencia o son las elevadas multas las que disuaden a los infractores en materia de urbanismo?

-Es como en Tráfico, si sabes que por ir sin cinturón te quitan tres puntos y te ponen una multa, te lo pones. No piensa en el riesgo que corres si tienes un accidente y vas sin cinturón. La gente piensa en la sanción. Todavía estamos en esa fase. La fase a la que tenemos que avanzar es no ver la sanción, sino la necesidad de proteger el territorio porque es de todos. En Galicia tenemos apego a la tierra. Pensamos que el derecho de propiedad es ilimitado: tengo un terreno y puedo hacer lo que quiera. No. Si usted construye donde la ley no lo permite, no solo está poniendo en juego su integridad patrimonial sino también atentando contra un valor que es de todos.

-¿Qué porcentaje de expedientes de reposición afectan a viviendas?

-Más del 70%. Hay casos de propietarios que piden licencia para galpón y hacen un edificio residencial. Contra eso queremos luchar. Si se da una licencia para hacer una vivienda de 25 metros, no se puede hacer de 100. Y si es para galpón, no es para uso residencial.

-¿La mayoría de los expedientes abiertos por la APLU son de denuncias de particulares, los alcaldes o fruto del trabajo de campo de los inspectores?

-El porcentaje de las causas de inicio de expedientes por parte de nuestros inspectores el año pasado fue del 40%. El resto viene de los concellos, particulares, Costas del Estado, el Seprona? De ese 60% restante, más de un 20% es de los propios ayuntamientos. Es fundamental la inspección porque si detecto que alguien está metiendo la pala para hacer allí su casa, en ese momento le suspendo la ejecución de la obra. Hay que apostar por la prevención desde el primer momento. Es clave.

-¿Los ayuntamientos delegan en la APLU por que no tienen medios o es que prefieren evitar ejercer la inspección y sanción urbanística sobre sus vecinos?

-Cualquier concello puede delegar en la agencia la inspección, la reposición y la sanción. Ahora hay 62 ayuntamientos adheridos a la APLU. Hay ayuntamientos que delegan en la agencia porque alejar la inspección, la reposición y la sanción del centro de decisión, les evita tener problemas con los vecinos. Otros quieren apostar por la disciplina; y una vez aprobado su PXOM partir de cero, tabla rasa porque las reglas están muy claritas.

-En comparación con otras comunidades, ¿Galicia está entre las autonomías con más feísmo e irregularidades urbanísticas?

-La presión urbanística que soportó Galicia no se puede comparar con la de Andalucía, Valencia o Murcia. La situación de Galicia no es mejor que la de otras comunidades, pero no estamos tan mal. Solo hay otras dos agencias de urbanismo en España con la misma configuración que la nuestra: Baleares y Canarias. En otras comunidades, quizás no se ha apostado como en Galicia por este modelo, ejerciendo unas competencias que son duras.

-La nueva Lei do Solo recoge multas a los propietarios que no tengan sus viviendas terminadas. ¿A cuánto ascenderán?

-Las sanciones se mantiene como hasta ahora, con la excepción del mínimo que se incrementa de 600 a 1.000 euros. Son multas coercitivas trimestrales que pueden llegar a los 25.000 euros. Es una apuesta de la ley acabar con este problema que se da en Galicia: hacer las casas poco a poco. Hay gente que empieza a hacer una edificación, y veinte años después aún no la tiene terminada.

Las licencias para la ejecución de una edificación son de tres años. Uno de los cambios de la ley es que antes era potestativo de cara al ayuntamiento, ahora es obligatoria la tramitación de este expediente por parte de los alcaldes determinando si la vivienda está incompleta y dando un plazo para que la concluya. Ahora la pelota está en el tejado del concello, que tiene la competencia y tiene que ejercerla. Estoy seguro de que a ningún alcalde le gusta que su término municipal esté lleno de estructuras. ¿Que va a ser complicado y a algún alcalde le va a costar Dios y ayuda? Pues, sí. Nadie dice que sea fácil. La administración tiene que reaccionar para tener un territorio ordenado.