Aunque el Gobierno está en funciones, el grupo de trabajo creado dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera para evaluar la aplicación del actual modelo de financiación autonómica sigue funcionando recogiendo los análisis que han hecho al respecto las distintas comunidades autónomas. Con ellos se pretende realizar un diagnóstico en profundidad con el que sentar las bases del nuevo sistema, que se tendrá que comenzar a negociar cuando se forme el nuevo Gobierno, bien ahora o tras unas nuevas elecciones generales. Como el resto de regiones, Galicia también envió su informe, con la conclusión final de que el modelo actual, que entró en vigor en 2009, generó una deuda con la comunidad gallega por importe de 2.763 millones de euros. Esa es la cantidad que la Xunta calcula que recibió de menos en el quinquenio 2009-2013. "Galicia considera que percibió menor financiación de la que la correspondería", sostiene la Consellería de Facenda.
El grupo de trabajo se creó a principios de 2014 y se renovó el pasado año tras las elecciones autonómicas en las comunidades del régimen común, además de Andalucía y Cataluña. En principio, la idea original era estrenar el nuevo modelo de financiación autonómica en 2016, pero el Gobierno central, aludiendo a que el clima político no resultaba adecuado por el alto nivel de crispación, paralizó el proceso el pasado año y prorrogó el modelo de financiación autonómica. No obstante, el equipo técnico de Consejo de Política Fiscal y Financiera continúa activo.
En sus informes enviados al grupo de trabajo, la Xunta expuso su "desacuerdo" con el Gobierno central por la aplicación del principio de lealtad institucional "y el perjuicio económico que conlleva para Galicia", dado que implantó medidas de deducción fiscal sin que compensara por ello a las comunidades autónomas.
"Esas medidas supusieron una merma en los recursos recibidos por las regiones por rebajas tributarias impulsadas por la Administración General del Estado que deberían ser compensadas a través del Fondo de Suficiencia, con un impacto estimado por la Xunta en 2.763 millones de euros para todo el periodo 2009-2013 del actual sistema de financiación", argumenta el Gobierno gallego.
En concreto, Facenda detalla que el Estado en 2009 "tomó una serie de decisiones en materia fiscal que redujeron la recaudación y por las cuales no se compensó a las comunidades", como la deducción universal de 400 euros en el IRPF y el aumento del aplazamiento del pago del IVA, que tuvo como efecto, según la Xunta, menores ingresos por importe de 11.450 millones de euros en ese año, que luego tuvieron continuidad en los ejercicios siguientes.
El Ejecutivo gallego recuerda además que el modelo actual de financiación arrancó con un gran defecto, como fue la presupuestación de una recaudación tributaria muy por encima de la realidad, lo que obligó a las autonomías, ya en su primer año de aplicación, a la devolución de grandes sumas de dinero por haber recibido más fondos de los correspondientes.
La negociación para el nuevo sistema es toda una incógnita, pues es necesario que primero se forme gobierno y los plazos corren. Pedro Sánchez fracasó en su segundo intento, pero aún quedan por delante dos meses. Si en este tiempo no lo consigue, se tendrán que celebrar nuevas elecciones e iniciar de nuevo el proceso para constituir ejecutivo.
