El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se desliga de los escándalos de corrupción que golpean a su partido y que empiezan incluso a generar voces críticas dentro del propio PP. El jefe del Ejecutivo gallego defiende que su gobierno es el "más contundente" contra este tipo de conductas delictivas que además se extienden, según su opinión, al conjunto de la sociedad y que perjudican a políticos honrados "que ven como otros no honrados meten la mano en la caja".

Así respondió en el pleno del Parlamento al portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, quien no solo sacó a relucir los casos de corrupción de su partido en el ámbito nacional sino también "sus amistades peligrosas" con el narcotraficante Marcial Dorado y con el empresario Pachi Lucas, que actuaba como presunto conseguidor en la operación Zeta, que investiga el fraude en cursos de formación en Galicia. "Su partido, mientras no haya regeneración, está inhabilitado para gobernar", le recriminó.

Feijóo defendió, sin embargo, su hoja de servicios. Así, recordó que cuando hubo casos de corrupción él mismo advirtió que le "repugnaban" y explicó que incluso apartaron a dos diputados del PP, involucrados en la operación Campeón. Y además enumeró las cinco leyes (cuatro aprobadas y una en curso) de su gobierno contra la corrupción. Y frente a esto lamentó que "surjan ideas populistas que se aprovechen de la crisis para horadar la democracia".

Jorquera le recriminó a Feijóo, sin embargo, que su paquete de medidas legales sirve para evitar la corrupción en el futuro pero no para atajar "la presente". Y mostró en el Parlamento una foto de Feijóo abrazando al presidente de Iberdrola en su toma de posesión en 2009 para apostillar que fue este empresario quien pidió a la Xunta que paralizase el concurso eólico del bipartito. "Hubo desviación de poder", razonó el portavoz del BNG.

El Tribunal Superior de Xustiza terminó por anular el reparto eólico aprobado después por el Gobierno del PP y por ahí atacó el portavoz socialista, José Luis Méndez Romeu. "Fue una chapuza técnica, un fracaso económico, se engañó a los inversores y generó inseguridad jurídica extrema", enumeró el diputado del PSOE, quien advirtió que algo similar ocurrió con el sector de la acuicultura. "No hay ni un metro cuadrado de nuevas instalaciones", denunció.

Feijóo le replicó que "inseguridad jurídica" es la que provocó la anulación el PXOM de Vigo, que fue aprobado por la conselleira socialista del bipartito, María José Caride. Y a colación de este asunto el presidente avanzó que el Consello de la Xunta aprobará hoy el inicio del reglamento de la Lei do Solo y se avanzará en la tramitación del parque tecnológico del aeródromo das Rozas (en Lugo).

Feijóo tuvo que responder también a la interpelación de la diputada del grupo mixto, Consuelo Martínez, que abordó la problemática de los 65 trabajadores que se encargan del transporte en Sogama tras el cambio de adjudicataria. Denunció que están en riesgo estos puestos de trabajo y que la Xunta "permite, cuando no colabora con la precarización laboral". El presidente reivindicó, sin embargo, que lograron que se mantengan 54 de estos empleos. Trabajadores afectados acudieron a protestar a la tribuna y fueron desalojados.

Por otra parte, el Parlamento instó ayer por unanimidad a la Xunta a reclamar al Gobierno que haga "realidad" el plan de acogida a refugiados procedentes de Siria.