La Dirección General de Catastro ha incorporado una nueva hornada de concellos a su plan especial de rastreo para descubrir bienes inmuebles sin declarar que como fin último busca elevar la recaudación del IBI para dar oxígeno a las arcas municipales. Según la resolución publicada ayer, otros 46 ayuntamientos gallegos serán examinados por los inspectores, en un plazo de 18 meses, para detectar aquellas edificaciones reformadas, ampliadas o de nueva planta por las que sus propietarios no pagan el correspondiente Impuesto de Bienes Inmuebles o si lo hacen, es por un valor inferior.
De las nuevas incorporaciones, nueve pertenecen a la provincia de Pontevedra: Dozón, Lalín, Mos. As Neves, Nigrán, Poio, Portas, Ribadumia y Silleda; por dos de Lugo, 14 de A Coruña y 21 de Ourense.
Lo que se busca con este plan especial de regularización, iniciado a mediados del año 2013, es identificar mediante un pormenorizado rastreo toda las construcciones nuevas que no están registradas en la base de datos del Catastro, así como las obras de reforma o de ampliación que han incrementado la superficie de la edificación -y en consecuencia su valor económico-, para luego hacerlas repercutir al alza en el IBI que pagan sus dueños a los respectivos gobiernos municipales.
Esta inspección ya ha concluido en 27 ayuntamientos gallegos, pero aún sigue activa en otros 164, a los que a partir de ahora se suman otros 46 para dar un total de 237 municipios bajo el foco de Hacienda. En esta nueva hornada se incluyen sobre todo ciudades y villas medias, como Santiago, Ourense, Silleda, Lalín, Poio, Arteixo, Carballo, Narón, O Barco o Sarria.
En esos 27 concellos donde ya se terminó el plan, el rastreo ha supuesto ingresos adicionales de 14 millones de euros para las arcas municipales en concepto del IBI, de los que ocho millones corresponden a atrasos y tasas de regularización -que solo se cobran una vez- y el resto, unos cuatro millones, al valor adicional asignado por los inspectores a los inmuebles ocultos cuya recaudación se mantendrá en el tiempo.
Al tratarse de un proceso de regularización extraordinaria no habrá sanciones por las alteraciones que encuentren los inspectores en los inmuebles, pero sus dueños tendrán que pagar una tasa de 60 euros por ponerse al día. La segunda consecuencia, la más obvia, es que los ayuntamientos podrán repercutir un mayor IBI sobre los propietarios de esas construcciones con sus características ya actualizadas.
Según el Ministerio de Hacienda, el 35% de los bienes regularizados se corresponde con nuevas construcciones, como cenadores, casas prefabricadas de tamaño reducido, garajes o galpones. Otro 32% fueron ampliaciones realizadas sobre edificaciones ya existentes, como cubrir una terraza para hacer de ella una dependencia interior. En otro 29% de los casos, el inmueble fue sometido a una reforma o a un cambio de uso que alteró su valor y que no fueron notificadas al Catastro, como rehabilitar una vivienda de cien años que estaba casi en ruinas. Y el 4% restante son piscinas construidas en fincas que tampoco se declararon.
Para detectar todos estas reformas, ampliaciones y nuevas edificaciones, los técnicos realizan peinados in situ por las calles con planos y cámaras fotográficas, además de recurrir también a imágenes aéreas, para así poder identificar con más exactitud los cambios introducidos en las construcciones que no concuerdan con los registros del Catastro. La imagen aérea resulta crucial, por ejemplo, para detectar piscinas o garajes construidos en los recintos de las fincas.
En todo caso, solo se pueden regularizar construcciones legales que se ajustan a la normativa urbanística. Por tanto, no cabe intentar colar una edificación ilegal o fuera de planeamiento. Solo las que no están en el Catastro.
