Los inspectores urbanísticos rastrean Galicia de norte a sur, levantan acta de cualquier irregularidad en suelo rústico o en zona de costa y dan traslado para la apertura del correspondiente expediente sancionador. Primero llegan las multas, y al final al propietario no le queda otra que derribar la vivienda, nave o galpón ilegal. En los últimos años, la Xunta no solo no ha bajado la guardia en su lucha contra el feísmo y las irregularidades urbanísticas sino que ha intensificado el ritmo de las excavadoras y piquetas. Solo el año pasado se redujeron a escombros en Galicia un total de 154 construcciones ilegales -una cada dos días-, lo que supone un 20% más que los derribos del ejercicio anterior (129) y el cuádruple de hace cinco años (38), según el balance de actividad de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) presentado ayer por su director, José Antonio Cerdeira.
La entidad, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente y creada en 2008 por el bipartito, batió el año pasado el récord de derribos de construcciones levantadas en suelo rústico o zona de costa no urbanizable. En total fueron 154 las obras demolidas, pero la cifra total de expedientes resueltos el año pasado ascendió a 367. Pontevedra y A Coruña concentran el mayor número de demoliciones ejecutadas: 81 y 53, respectivamente. O lo que es lo mismo, la provincias atlánticas copan casi el 90% de las obras tumbadas por las excavadoras -52,5% en el caso de Pontevedra y 34,4% en A Coruña-.
En la agenda de la APLU ya hay infraestructuras marcadas en rojo. Según avanzó ayer Cerdeira, entre las demoliciones previstas para este año figuran una urbanización próxima al Cementerio de los Ingleses, en Camariñas; varias viviendas abandonadas en torno a un monasterio en Padrón, una construcción en forma de Castillo en Quiroga o una vivienda prefabricada en una zona rural de Vedra, en el Camino de Santiago. Se trata de inmuebles sobre los que pesan órdenes de derribo judiciales y cuyos propietarios ya han agotado los recursos ante los tribunales.
El director de la APLU destacó que son cada vez más las demoliciones que se ejecutan de manera voluntaria por los propietarios. Tal vez por concienciación de los dueños, que saben que tarde o temprano su vivienda o nave será derribada. Pero sobre todo deciden ejecutar el derribo de forma voluntaria para evitar las sanciones que aumentan a medida que avanza el expediente de derribo. Nueve de cada diez propietarios de edificaciones ilegales optaron el año pasado por derribarlas por iniciativa propia, según destacó Cerdeira.
En la actualidad, la APLU tiene acuerdo con 62 concellos, que delegaron sus competencias en materia de inspección y sanción.
La Xunta se ha propuesto erradicar la política municipal del vai facendo. Bien por cambio de mentalidad, o bien por la amenaza de sanción, en 2015 el número de multas coercitivas disminuyó. Un total de 520 sanciones frente a las 550 del año anterior y las 586 de 2013 -ejercicio que contabilizó el mayor número-. El importe total de las multas del año pasado ascendió a 600.000 euros.
El director de la APLU destacó que un 75% de los concellos ya han sido inspeccionados por la agencia de forma exhaustiva, aunque aún queda un 25% pendiente de analizar, especialmente en zonas rurales.
