El concurso eólico de Galicia, uno de los más concurridos de todos los celebrados por autonomías en los últimos años -520 peticiones de parques que aglutinaban más de 15.000 MW, es decir, 6,5 veces más que la potencia disponible- nació ya con polémica. El reparto impulsado por los populares a su vuelta a San Caetano, durante la primera legislatura de Alberto Núñez Feijóo, sustituía la puja anterior, organizada por el bipartito y que el nuevo Gobierno decidió anular por las supuestas "tachas de legalidad" detectadas por la asesoría jurídica. Las diferentes visiones que el TSXG tuvo ante las demandas presentadas por las empresas perdedoras desencadenó que el proceso acabara en el Tribunal Supremo, que en junio del pasado año sentenció que la supresión fue ilegal porque la Xunta incurrió en "una desviación de poder", como el alto tribunal gallego también había destacado. La Consellería de Economía e Industria se agarró a que el fallo no cambiaba nada porque la ley promulgada después de anular el reparto blindó la seguridad de su concurso, el que ahora tumba el TSXG.
También el TSXG reconoció hace unos meses el derecho de indemnización precisamente a aquellas compañías que llegaron a ser adjudicatarias en el reparto del bipartito. El fallo a favor de la división energética de la pizarrera Cupa ordena el pago de 222.300 euros por los gastos administrativos incurridos.
