La portavoz de Política Social del Grupo Socialista, Carmen Gallego, presentó una solicitud formal en la que reclama al Ejecutivo gallego que presente "la documentación que supuestamente remitió al Ejecutivo central para reclamar los 111 millones que este adeuda en materia de la ley de Dependencia".
La diputada socialista "desafía" a la Xunta a "desmentir con los papeles oficiales" que "está secundando la estrategia de derrumbamiento por la vía de los hechos" de este derecho puesto en marcha en 2007 por el Gobierno de Zapatero.
Gallego afirma que la deuda corresponde al "recorte del nivel mínimo" (dinero que reciben las autonomías por dependientes según su gravedad) y a la "supresión del nivel acordado" (un fondo adicional), "impuestos", critica, "unilateralmente" a través de un Real Decreto Ley de 2012, y censura que "aún no fueron compensados" por el Gobierno. Ante una "inminente fiebre reivindicativa" de la Xunta, Gallego exige "la demostración documental de las peticiones tramitadas desde 2012".
A su juicio, "el estrangulamiento de las transferencias procedentes del Estado fue respondido desde el Ejecutivo autonómico con una aún mayor reducción de prestaciones y de ayudas imponiendo las reevaluaciones de los grados de dependencia con nuevos criterios más restrictivos, así como por el incremento de copagos".
