Una nueva sentencia del juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Santiago de Compostela obliga al Gobierno gallego a devolver íntegras las pagas extra de 2013 a personal funcionario de los servicios centrales de la Xunta, al que se le reconoce el derecho a cobro en sus totalidad de los complementos específicos.
En esta sentencia, con fecha de 29 de enero de este año y contra la que no cabe recurso, se reconoce el derecho de un trabajador a cobrar 1.013,9 euros más intereses de demora y condena a la Xunta al pago de 400 euros en costas.
De ello ha informado este jueves la CIG, que señala que ya son cuatro las sentencias solo a nivel de Santiago de Compostela que reconocen a los funcionarios este derecho.
La CIG critica que en 2013 el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo decidió recortar el complemento específico (o concepto equivalente para personal laboral) en las dos pagas extra de todo su personal, "pasando a ser Galicia una de las escasas comunidades en las que se aplicó un recorte adicional".
"Un recorte que continúa hoy en día y que continúa en la Lei de Orzamentos de 2016, medida con la que aproximadamente están quitando unos 200 millones de euros por año a todo el personal que cobra de la Xunta", lamenta el sindicato.
Silencio administrativo
En estas cuatro sentencias se apunta que al existir silencio en la reclamación salarial en vía administrativa, la Justicia reconoce que el sentido de este es positivo y, por lo tanto, "estima en su totalidad la reclamación de la persona trabajadora".
"A pesar de todo, en las sentencias en las que no haya silencio en la reclamación administrativa, la Justicia reconoce con carácter general la reclamación subsidaria del tercio del complemento específico de junio, o sea, la parte devindicada en enero y febrero hasta que entró en vigor la la ley de presupuestos gallega de ese año", explica el sindicato.
Asimismo, la CIG recuerda que "para el personal laboral la reclamación se hizo en vía de conflicto colectivo y se resolvió en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimando la reclamación subsidiaria. Por ello no es firme y está recurrida por la Xunta en casación ante el Tribunal Supremo con el objetivo de atrasa todo lo que pueda lo inevitable".
