Lo ocurrido con las sobrevaloraciones de Facenda en vivienda protegida, con precios regulados por la misma Administración autonómica, es solo un ejemplo más de la gran litigiosidad que arrastra la Xunta en la comprobación de las liquidaciones desde que estrenó la discutida, y ya reformada, orden de precios medios de mercado. Durante 2014, las reclamaciones superaron las 5.000. Otra vez. Así está desde 2012, precisamente tras el estreno del sistema. La Inspección General del Ministerio de Hacienda asegura que esos precios medios se estuvieron aplicando "a inmuebles expresamente excluidos", como permutas, obra nueva y división horizontal, edificios enteros o suelo urbanos sin edificar; y en aquellos casos posibles, con la mezcla del baremo y el dictamen de un perito, sin "aclarar o justificar" lo que realmente se está aplicando. Con el mismo ejemplo de 2014, Facenda elevó un 73% el valor de los bienes declarados. En 5.600 millones de euros.

La decisión el pasado año de cambiar desde el 1 de julio la orden de precios medios -aunque únicamente en el caso de los bienes urbanos- por los valores catastrales y un coeficiente de actualización, el mismo cálculo que en estos momentos se usa en los concellos para cobrar el IBI y que también supuso un importante alza fiscal, no es la única modificación reciente en el sistema tributario gallego. Como ya había hecho con la revisión de valores en viviendas y otros inmuebles, el Supremo rechazó los cálculos de la Xunta sobre el valor de las empresas. Un método con el que tampoco estaba de acuerdo el Gobierno central. Las dos administraciones mantenían abierto un conflicto competencial que no lograron dirimir a través de una comisión bilateral. Moncloa llevó el caso al Constitucional, que admitió la queja y lo paralizó.