Cuando una cosa puede coexistir sin impedimento con otra es compatible. A esa palabra remite la Real Academia Española cuando explica la acepción que más se repite en los últimos tiempos del verbo conciliar, casi siempre seguida de "vida familiar y laboral". Esa tarea recae más en las mujeres, que hacen equilibrismos para que las dos facetas convivan sin roces. Incluso a las empleadas de la Xunta, con un horario muy delimitado, les cuesta, y se nota en que se acogen más que los varones a la flexibilidad laboral que permite la administración.
Periódicos de todo el mundo se hicieron eco de la polémica que levantó el que la diputada Carolina Bescansa acudiese con su bebé de pocos meses a la constitución del Congreso a mediados de enero. Desde su partido, Podemos, defendieron su acción como un "gesto simbólico" en pro de la "reivindicación de todas las mujeres que tienen que poder conciliar vida familiar y laboral". Al margen de las opiniones a favor o en contra de la acción de la parlamentaria compostelana, la realidad, dibujada por la última encuesta del IGE que aborda la cuestión, es que siete de cada diez trabajadores con niños que redujeron su jornada de trabajo eran mujeres y que también ellas recurren más que ellos a la flexibilización o coordinación de horarios para atender a sus retoños.
Esa misma situación que se da en general, aunque los últimos datos autonómicos sean de 2012, se reproduce ahora, a principios de 2016, con un colectivo muy específico: los empleados públicos de la Xunta. La Administración autonómica puso el 2 de enero de 2014 a disposición de casi 17.000 de sus trabajadores (excluidos personal del Sergas, de la Justicia y los docentes) la posibilidad de "fomentar una mayor conciliación de la vida familiar y laboral" a través de la flexibilidad horaria y del teletrabajo. Dos años después, la mitad de los potenciales candidatos, un total de 8.431, ya han dado un paso al frente para apuntarse a flexibilizar hasta una cuarta parte su jornada y dos tercios de ellos (en torno a un 64%) son mujeres.
Según los datos facilitados por la Consellería de Presidencia, a lo largo del año pasado se anotaron a la flexibilidad horaria 1.057 trabajadores, un 14 por ciento más, y la cifra de quienes disfrutan ahora de esta alternativa asciende a 8.431 empleados. Esta opción tiene dos variantes: la flexibilidad automática y la flexibilidad por conciliación y en ambas domina el sexo femenino. En la primera se han aprobado 7.443 solicitudes, de las que el 63%, 4.685 personas, son mujeres, mientras que entre los 988 empleados que se acogen al régimen de conciliación familiar por tener hijos menores de 12 años de edad o dependientes a su cargo, acaparan el 73,5% de las autorizaciones que recibieron luz verde.
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Mediante la flexibilidad automática, el personal estatutario, funcionario o laboral de la Administración autonómica puede realizar una franja laboral fija de las 9,00 horas a las 14,30 horas y una flexible en horarios acotados, hasta cumplir las 37,5 horas de trabajo semanales. Con la vía de la conciliación, el empleado decide el reparto de su tiempo con más libertad.
La otra novedad que introdujo la Xunta hace dos años fue el teletrabajo, un máximo de tres días a la semana desde casa, siempre que la tarea desarrollada sea susceptible de acomodarse a tal posibilidad. En la modalidad de trabajo no presencial las cifras son más modestas: 93 autorizaciones en total (el doble que hace un año, según la Consellería de Presidencia y un número superior a las denegaciones, que fueron 55), que se reparten entre 47 nuevas y 46 que han sido prorrogadas. Precisamente en mayo del pasado año comenzaban las primeras prórrogas del teletrabajo, pasados ya 365 días de las primeras autorizaciones concedidas, y se le permitió a todos proseguir. En esta variante, las mujeres no representan el porcentaje mayoritario, pero suponen casi el 44%.
Si la mayoría de los trabajadores de la Xunta que se beneficia de la flexibilidad se corresponde a personal que presta servicios en el ámbito periférico (un 61%), en el teletrabajo ocurre lo contrario y 72 de cada cien beneficiarios se localizan en los servicios centrales. Las consellerías que cuentan con un mayor número de teletrabajadores son: Vicepresidencia y Medio Rural (17 cada una), seguidas de la antigua Consellería de Traballo e Benestar (15), Sanidade (13), la antigua Consellería de Medio Ambiente (12), Presidencia (8), Facenda (7), Cultura (2) y los departamentos de Política Social y Economía e Industria (1 cada una). Los puestos que se prestan, debido a su naturaleza, para acogerse a esta opción son los letrados, asesores jurídicos, cuerpos de inspectores, traductores y otras secciones que cubren funciones que pueden ser desempeñadas a distancia y con un alto grado de autonomía.
