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Control económico y financiero de las entidades locales

Contas investiga 637 reparos de los interventores municipales en todas las ciudades gallegas menos Vigo

Ni la corporación provincial de Pontevedra ni Vigo recibieron ninguna advertencia de ilegalidad -El gobierno presidido por Lores pasó de 173 informes contrarios en 2013 a 281 en 2014

El Consello de Contas investigará la legalidad de 995 acuerdos adoptados en 2014 por ciudades y corporaciones provinciales en contra del criterio de los interventores. La Diputación de A Coruña y el Concello de Pontevedra copan el 64% de estas advertencias de ilegalidad. La institución herculina que entonces dirigía el popular Diego Calvo aprobó 356 resoluciones pese a la objeción de los interventores, mientras que el gobiermo municipal presidido por el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores recibió 281 informes contrarios, un 62 por ciento más que los reparos obtenidos el año anterior cuando los técnicos que controlan las cuentas municipales cuestionaron un total de 173 acuerdos. Los únicos que se libran de la fiscalización de Contas son el Ayuntamiento de Vigo, la Diputación de Pontevedra y la de Lugo, que no aprobaron ninguna resolución sin el beneplácito de los fiscalizadores municipales.

Los interventores se encargan del control interno de la gestión económico-financiera de los ayuntamientos. Así informan sobre la legalidad de cada ingreso, gasto o pago. También asumen el control financiero o de auditoría para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones. Para garantizar su independencia son habilitados por el Estado, pero su selección depende de cada comunidad autónoma y dependen directamente del alcalde al cual fiscalizan.

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El Consello de Contas reconoce que la "debilidad" de los interventores es que no disponen de ningún órgano jerárquico superior en el que apoyarse cuando advierten de ilegalidades en las corporaciones locales. Y añade además que estos técnicos tienen "una relación de dependencia disciplinaria y retributiva de los concellos a los cuales fiscalizan".

Desde 2013 los interventores municipales están obligados a remitir anualmente al Consello de Contas toda la documentación relativa a los acuerdos adoptados en los concellos pese a los reparos formulados.

Esta información sirve a Contas para reforzar su control sobre las entidades locales. En 2015 investigó las advertencias de ilegalidad presentadas en concellos de entre 25.000 y 100.000 habitantes: un total de 710 reparos.

Y este año le tocará el turno a aquellos concellos de más de 75.000 habitantes, lo que incluye a todas las ciudades, además de a las diputaciones. El objetivo es "comprobar que la actividad económicao financiera llevada a cabo por los gestores de las entidades locales es conforme a la normativa reguladora" e investigar si pudiese haber "responsabilidad contable" por no hacer caso a los interventores municipales.

En total, se fiscalizarán un millar de reparos, 637 de ellos en seis ciudades. Solo en Vigo no hubo ninguna advertencia de ilegalidad a acuerdos municipales. El concello con más objeciones fue el de Pontevedra. Las 281 tachas contables que encontraron los interventores en 2014 supera incluso las 173 halladas en 2013.

Ourense, bajo el gobierno entonces del PSdeG, recibió 164 informes negativos de los fiscalizadores municipales, la segunda cifra más alta de todas las ciudades.

El tercer puesto lo ocupa el Concello de A Coruña en la etapa de Carlos Negreira con 67 reparos. La corporación de Santiago de Compostela será investigada también por 62 acuerdos contrarios a la intervención durante el mandato del popular Agustín Hernández. En Ferrol han sido 47 las tachas de legalidad y en el ayuntamiento de Lugo 16.

En las diputaciones se comunicaron 358 reparos de los interventores, prácticamente todos en la corporación herculina y únicamente dos en la de Ourense. Ni la cámara provincial de Pontevedra, cuando aún estaba al frente Rafael Louzán, ni la de Lugo, presidida entonces por José Ramón Gómez Besteiro, han recibido ningún informe contrario de los técnicos fiscalizadores.

Ciudades y corporaciones provinciales guardaron en 2014 facturas en el cajón por 23 millones

  • Ciudades y corporaciones provinciales dejaron en 2014 fuera del presupuesto facturas pendientes de pago por valor de 23,1 millones de euros, según los datos del Consello de Contas. Vigo fue la única urbe que no guardó facturas en el cajón, así como la Diputación de Lugo que tampoco recurrió a este mecanismo de "reconocimiento extrajudicial de créditos".El Consello de Contas aclara que la posibilidad de no contabilizar en los presupuestos estos pagos pendientes está amparada por la ley, pero advierte que debe aplicarse con criterios "restrictivos". Y además llama la atención que pese a los sucesivos planes de pago a proveedores habilitados por el Gobierno central para ayudar a los ayuntamientos a saldar sus facturas pendientes siguen "persistiendo" estos saldos fuera de presupuesto, lo que, en su opinión, muestra la "debilidad de los procedimientos de gestión de las entidades afectadas" y constituye un "indicador de riesgo".Y para medir este riesgo Contas analizará el porcentaje de facturas pendientes de pago que no fueron incluidas en los presupuestos en relación al total de obligaciones pendientes de la administración local.Según este baremo, Ferrol es la ciudad con más peso de las deudas pendientes de pago guardadas en el cajón. Representan el 11 por ciento de todo lo que debe y suman 6,3 millones de euros.En números absolutos, sin embargo, la ciudad que deja fuera de presupuesto más pagos es la de Ourense (6,9 millones de euros), seguida de Santiago (4,4 millones de euros), A Coruña (3,9 millones de euros), Lugo (2 millones) y Pontevedra (con solo 35.000 euros). En cuanto a las diputaciones, la de Pontevedra guardó en el cajón 929.000 euros, la de Ourense 157.900 y la de A Coruña solo 5.000 euros.

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