La irrupción de un alborotado grupo de preferentistas en un pleno de la Diputación podría amedrentar a cualquier político. Pero no a Rafael Louzán, que a sus 48 años deja la primera línea de la política y está dispuesto a demostrarse que "hay vida más allá de la política". El hombre que presume de haber llevado el partido de la moqueta a la calle acababa presidiendo el pleno enfundado en la camiseta de los preferentistas.
Creció en política tan rápido como ahora parece desvanecerse. Hace apenas un año nadie podría prever el tsunami electoral que le arrebató la presidencia de la Diputación en los pasados comicios de mayo. Como posiblemente tampoco muchos podían imaginar en Ribadumia que un bedel llegaría algún día a presidente de la Diputación.
Su puesto de funcionario en el Concello de Ribadumia era de agente notificador. Sus detractores decían que era el "chico de los recados" en el ayuntamiento. Un ayuntamiento en el que se inició en política al abrigo del controvertido alcalde José Ramón, "Nené" Barral. En 1995 Barral le brindó la oportunidad de formar parte de su candidatura y se convirtió en su mano derecha. Ese mismo año tomó posesión como diputado provincial y pronto se ganó también la confianza del entonces presidente, Manuel Abeledo. En 1996 era ya el vicepresidente de la institución. Entonces conjugaba su faceta política con la empresarial, con una empresa dedicada al montaje de invernaderos.
Sigue ganando peso en la Diputación y en el PP provincial y en 1998 es designado secretario de organización. Dos años más tarde asciende a la presidencia. En 2003 tomó las riendas de la Diputación. Uno de los mejores momentos en el partido lo vive tras las elecciones generales de 2011. Aquella noche en la que, exultante, brindaba a Mariano Rajoy un mapa de la provincia con los 62 ayuntamientos teñidos con el color azul del Partido Popular.
Louzán, que se dedicará a la presidencia gallega de la Federación de Fútbol y será asesor del PP en la Diputación de Pontevedra, está pendiente de dos procesos judiciales: el que se sigue contra él, su mujer y un concejal de Pazos de Borbén por el supuesto cobro de sobreprecios en unos locales; y la Operación Patos, que investiga irregularidades en adjudicaciones de obras y servicios públicos.
