El Parlamento gallego aceptó ayer por unanimidad admitir a trámite una iniciativa legislativa popular avalada por 17.000 firmas que busca la rebaja del precio de la luz, el establecimiento de una tarifa eléctrica gallega y la lucha contra la pobreza energética, si bien el PP, con mayoría absoluta, admitió que no compartía algunos de los preceptos contenidos en la propuesta.
El texto fue promovido por la CIG y defendido en la Cámara por el sindicalista y exdiputado del Bloque Fernando Blanco, que centró su intervención en las "contradicciones" de que Galicia produzca más energía eléctrica de la que consume -exportando el 40%-, pero pague una de las tarifas más altas de Europa.
El texto persigue una reducción del 30% en los costes de los peajes del sistema eléctrico, que repercutiría en la factura final de los consumidores, pero también establece una definición de pobreza energética, clave a la hora de establecer posteriores ayudas.
Blanco defendió que se consideraría esa situación cuando una familia destine el 10% de sus ingresos a recibos de luz o gas o no consiga mantener su vivienda a una temperatura de entre 18 y 21 grados. También alegó que una tarifa eléctrica frenaría el riesgo de huida de empresas como Alcoa.
Los partidos mostraron discrepancias que se detallarán durante la tramitación, de la que después saldrá una ley, según anunció el popular Hipólito Fariñas, que recordó que la UE todavía no ha pactado una definición de la pobreza energética y que la Xunta ha lanzado un bono para dos recibos de la luz de familias en situación de riesgo con un máximo de 200 euros.
La oposición atacó al PP. El socialista Abel Losada le afeó la aprobación de una legislación "a favor" de las empresas y definió como "asumible" la rebaja en el coste de transporte de la energía. Por su parte, Juan Manuel Fajardo (AGE) tachó de "indecente" que las tarifas eléctricas estén en manos de empresas privadas y censuró las puertas giratorias entre la política y los consejos de administración de esas compañías. La nacionalista Carme Adán criticó al PP por no blindar la energía como un "servicio público" y sí como una "actividad económica de interés general", mientras Carmen Iglesias (grupo mixto) apoyó el contenido íntegro de la iniciativa.
La sesión plenaria en el Parlamento gallego también contó con la comparecencia de la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, que anunció que la undécima reforma de la Lei do Solo desde la década pasada se apruebe en el próximo pleno de febrero y avanzó que ya se redacta el reglamento para aplicarla.
El texto flexibiliza los criterios para construir en suelo rústico, regula construcciones fuera del planeamiento urbanístico, exige el remate de las viviendas a medio construir y facilita que los pequeños concellos cuenten con herramientas para ordenar su entorno.
Mato reclamó el "consenso" en la aprobación, aunque el texto fue criticado por PSdeG, BNG y AGE, que también se opuso a introducir un cambio para que proyectos públicos de Vigo sorteasen la sentencia que anula su PXOM. Antón Sánchez, de este grupo, pidió "no agravar" ese problema y alertó que el cambio legal, que anula informes mediombientales o exposición pública, generaría litigios en el futuro que perdería la administración.
