Tras más de un cuarto de siglo en vigor, el Gobierno sacó a la luz el pasado 1 de octubre una nueva ley de carreteras para así adaptarla a los cambios "sustanciales" de la red, tanto desde el punto de vista de la calidad, como su "consideración social" y afrontar "los problemas en crea la creciente necesidad de mayor movilidad ocupando el menor territorio posible". La Xunta le reclamó que aprovechase la renovación para para "clarificar" los supuestos en los que sea posible el cambio de manos de una carretera, pensando, como expresamente reconoce, en su objetivo de que la Autopista del Atlántico (AP-9) pase a la titularidad autonómica "ante la discrepancia existente". La negativa del Ejecutivo central, que reserva para sí mismo la exclusividad de la decisión, ha llevado a la administración regional a presentar un conflicto de competencias que, en caso de desacuerdo, derivará en un recurso en el Constitucional.
La apertura de la correspondiente comisión bilateral para dirimir las diferencias entre ambas se centra en los artículos que fijan que el traspaso de una carretera será una decisión "unilateral" del Estado. "Sin criterios, ni negociación", se quejan en la Consellería de Infraestruturas, que recuerda que el problema va más allá de la AP-9, ya que el Gobierno podría obligar a una comunidad a asumir la titularidad y el mantenimiento de cualquier vía suya. Desde San Caetano también exigen que el Gobierno retire la principal autopista de Galicia y la AP-53 -de Santiago a Ourense- de la red de carreteras estatales, dado que solo discurren por Galicia. El cambio también ayudaría a su posible transferencia.
