Los juzgados centrales de Madrid o la Audiencia Nacional serán los encargados de continuar la investigación de la 'operación Zeta' si fructifica la iniciativa de la juez que instruye el caso, quien propuso la pasada semana a las partes trasladar la causa al existir indicios de delitos cometidos en diferentes comunidades autónomas. La trama formada por empresas de formación y asociaciones empresariales llegó a captar 20 millones de euros de las administraciones para financiar cursos y jornadas que en muchos casos ni llegaron a desarrollarse, según concluyen los investigadores
Catorce meses después de que se desvelara la existencia de una investigación sobre un presunto fraude en la captación de subvenciones públicas dedicadas a la formación, la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, conocida como operación Zeta, podría trasladarse a Madrid. Así lo propone la titular de ese órgano judicial, que la semana pasada envió una providencia a las partes personadas en el caso con el fin de proponerles que el caso pase a manos de los juzgados centrales de Madrid o a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La razón que justifica esta decisión, según la magistrada, es la existencia de supuestos hechos delictivos en varias comunidades autónomas, lo que a su entender hace necesario que la investigación prosiga en otro órgano judicial con jurisdicción en todo el territorio nacional. Las partes podrán ahora pronunciarse sobre si apoyan o no esta propuesta de la juez.
La citación a 30 personas para que declarasen como investigados, la figura jurídica que sustituye a la de imputados, destapó en noviembre de 2015 la investigación que este juzgado desarrollaba sobre las asociaciones y empresas que recibían ayudas públicas para impartir actividades de formación pero, que según detallan los autos judiciales, en realidad se apropiaban del dinero sin llegar a realizar en muchas ocasiones los cursos y jornadas para las que solicitaban las subvenciones.
En el centro de la trama se situarían, de acuerdo con las investigaciones, el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño, y el propietario de la empresa de formación Azetanet, Gerardo Crespo. Los últimos datos conocidos sobre las investigaciones revelan que después de la entrega de las ayudas a las empresas formadoras, estas le restituían una parte a la asociación que las había recibido de la Administración.
Tras el auto emitido el pasado viernes por la juez, la lista inicial de 30 investigados se amplía ahora hasta 55, entre ellos varios responsables políticos del Gobierno central y la Xunta, aunque también se cita como testigos a altos cargos de los gobiernos autonómicos del País Vasco, La Rioja y Cantabria.
La causa de la Zeta también se extiende a otras comunidades porque Caype simulaba, según la investigación, estar implantada en todo el país, para lo que contó con la colaboración de personas que se prestaban a aparecer como delegados o empleados de la asociación en diferentes localidades.
