La banca estará obligada a informar a la Xunta de las viviendas vacías que posee en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes bajo amenaza de sanción, que podría alcanzar los 3.000 euros. Estos pisos serán incluidos en un censo que la Administración autonómica utilizará para planificar su política de vivienda y ayudar a las familias sin recursos. De esta manera, el Gobierno gallego podrá llegar a acuerdos con las entidades propietarias para destinar estos inmuebles a atender a personas afectadas por desahucios o incluirlas en la bolsa autonómica de alquiler. También se planta lanzar una oferta pública de adquisición de estas viviendas en aquellas localidades con más demanda de pisos de promoción pública.
La Xunta ultima el decreto que regulará este censo de pisos vacíos, que ya solo está pendiente del informe del Consello Consultivo para su aprobación definitiva.
El objetivo, según explicó ayer tras el Consello de la Xunta el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, es "incorporar al mercado los inmuebles vacíos de las entidades financieras y promover su participación en las políticas activas de vivienda".
Estarán obligados a inscribir los pisos desocupados en este censo las entidades bancarias, sus filiales inmobiliarias y la Sareb, la sociedad que gestiona los activos inmobiliarios de los bancos nacionalizados (el llamado banco malo). Pero la exigencia será solo para las propiedades localizadas en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.
En todo caso, el censo también podrá incorporar las viviendas sin ocupar que estén en manos de la banca ubicadas en concellos de menos de 10.000 habitantes aunque con carácter voluntario. Y la inscripción en este registro también será opcional para el resto de propietarios de pisos vacíos.
De esta manera la Xunta dispondrá de "información fiable" de los inmuebles que están vacantes en los ayuntamientos con más demanda de vivienda. El presidente de la Xunta dejó ayer claro que no va abrir "un conflicto judicial expropiando viviendas". "Se trata de llegar a acuerdos con los dueños", matizó.
Así, explica que se podrán firmar convenios de colaboración entre la Xunta y los propietarios para destinar las viviendas inscritas a atender a las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias o desahucios por impagos de alquiler. De hecho, la Xunta ya ha firmado convenios en esta dirección con varias entidades bancarias.
El Gobierno gallego podrá mediar también entre los dueños de los pisos y las personas demandantes de vivienda "facilitando fórmulas de concertación de arrendamientos o adquisición". Una tercera vía podría ser la inclusión de estas viviendas en la bolsa de alquiler de la Xunta. Y, por último, su adquisición, por parte, de la Administración pública para aumentar su oferta de pisos de promoción pública.
