Trabajadores de Tragsa se concentraron ayer frente al Parlamento gallego para protestar contra la materialización de despidos en la empresa pública, que tildan de "aberración" al haberse comunicado en Navidad y con la empresa en beneficios, y que, según sus números, alcanzan ya los 76 en Galicia, "la comunidad en la que más" salidas se produjeron del grupo de empresas públicas. Aunque inicialmente la Audiencia Nacional frenó el intento de Tragsa de llevar adelante una regulación de empleo, el Tribunal Supremo avaló después la decisión y la compañía que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) planificó un ajuste que suponía más de un millar de despidos en el grupo en el conjunto estatal, 117 de ellos en la comunidad gallega.

Ante la Cámara autonómica los trabajadores pidieron a los diputados gallegos que "se identifiquen con este problema", ya que Tragsa es una empresa pública y critican que mientras el presidente cuente "con un sueldo reconocido de 190.000 euros", el pasado 30 de diciembre, "con todo el mundo de vacaciones" y cuando es una compañía "que da beneficios" se despidió a parte de la plantilla. Los manifestantes consideran "paradójico" que la Abogacía del Estado "permite a la empresa volver a contratar a gente que ya despidió", actuación que han enmarcado en una "maniobra" para "intentar abaratar el coste de explotación en base a precarizar el trabajo".

En la protesta de ayer, los socialistas Abel Losada y Carmen Gallego trasladaron su apoyo a los trabajadores y reprobaron la actitud del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que ven "cómplice" del expediente de regulación de empleo.

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, se ha puesto "a disposición" de los trabajadores de Tragsa en Galicia para "en la medida de lo posible, establecer esa mediación para trasladar a la empresa la situación que tienen y poder obtener los mejores resultados en ese proceso". "Siempre difícil cuando se decide abordar un ERE -añadió Conde-, que en este caso es derivado de la aplicación y ejecución de una resolución judicial".