El contundente informe que el director general de Supervisión del Banco de España remitió a la cúpula de Novacaixagalicia ocho días después de que la fusión echase a andar "para la subsanación de las debilidades identificadas en la antigua Caja de Ahorros de Galicia" mostró la dimensión real de la quiebra de la entidad coruñesa. El doble de morosidad, un 9,3%, de la declarada en las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 798 millones de euros en activos dudosos sin reconocer, otros 425 millones en créditos en peligro de impago camuflados con normales o una corrección de valor en otros préstamos y propiedades de 394 millones, entre otras deficiencias. Pero a pesar del agujero -que el propio regulador achacó a "la desafortunada apuesta de expansión", una "agresiva política de crecimiento" y el descontrol interno- la denuncia de operaciones irregulares que el FROB impulsó en las entidades con ayudas públicas pasa casi de refilón por el equipo liderado por José Luis Méndez. Solo llegaron a Fiscalía inversiones vinculadas a la inmobiliaria Astroc, de la que Caixa Galicia llegó a ser accionista.
Así consta en el expediente con las investigaciones en mano de Anticorrupción y la jueza Carmen Lamela, encargada de la instrucción del caso en la Audiencia Nacional, donde, por el momento, solo se están tomando declaración a los antiguos cargos y empresarios ligados a un préstamo de Caixanova para el desarrollo urbanístico de una parcela en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid. El posible quebranto de las operaciones de financiación de Caixa Galicia a Astroc podrían rondar los 300 millones de euros, según los detalles que transcendieron hace un año. Con el riesgo de que caigan prescritos. Las fechas de los créditos entre la entidad coruñesa y la firma que presidida Enrique Bañuelos, paradigma del pinchazo del ladrillo en España, son todas anteriores a 2008, según la documentación remitida por el FROB, por lo que si existe un delito de administración desleal o apropiación indebida impropia -cuando presuntamente se beneficia a un tercero- caducaría al final del actual ejercicio, a no ser que fuera calificada de "agravada".
En las indagaciones sobre el crédito para el proyecto de Rivas Vaciamadrid, después de las comparecencia de los que fueron los principales cargos de la entidad viguesa -como el expresidente, Julio Fernández Gayoso, el ex director general, José Luis Pego, o el responsable de Riesgos, Domingo González Mera-, por la Audiencia Nacional pasaron ayer los antiguos miembros de la comisión delegada que faltaban por declarar y los empresarios que recibieron el préstamo. Entre ellos está José Luis Suárez Gutiérrez, presidente de Copasa. La constructora desvincula al grupo de los hechos y asegura que "eran personas y sociedades participadas".
Las sospechan no se centran en el crédito de 67 millones concedidos en 2007 por Caixanova a la UTE propietaria de los terrenos, sino en la venta de parte de la parcela por 14 millones después de que la caja se quedase con ellos como dación en pago ante el impago del préstamo y, según las defensas de los antiguos altos cargos, evitar el concurso de acreedores, "que sí hubiera tenido costes". Pese a que ese trozo suponía el 40% del total de la superficie, el precio, añaden, no pudo superar los 14 millones porque era para vivienda protegida y era el máximo permitido por ley.
Los afectados niegan que existiera un provecho para las empresas, que perdieron parte de su inversión, estuvieron pagando los intereses del primer crédito y de un segundo préstamo sobre la parcela para pisos protegidos hasta 2010 y ahora se quedaron sin los terrenos.
Abanca liquida la tasadora con la que el equipo de Méndez infló precios
- Al margen de lo que ocurra con las investigaciones de la Audiencia Nacional ahora, lo cierto es que este mismo órgano jurisdiccional ya sentenció en contra de Caixa Galicia el pasado año y acreditó la "falta de veracidad" del valor de sus activos inmobiliarios. El 9 de junio de 2010, el Ministerio de Hacienda emitió una durísima resolución contra la tasadora con la que la caja coruñesa realizaba las estimaciones de precio de los inmuebles a los que luego les concedía hipotecas y de los activos que tenía en cartera. Un total de 33 folios tras revisar 141 tasaciones elaboradas entre 2005 y 2009 con una interminable lista de deficiencias tan graves como la consideración de terrenos con supuestos derechos urbanísticos que no tenía, edificios que se contabilizaban como terminados cuando todavía estaban en obras -hasta 20 inmuebles estaban así, con un valor marcado de 1.651 millones de euros, frente a los 738 reales- e incluso la contabilización de una concesión administrativa de uso deportivo y ocio por un valor al 100 (19,5 millones), pese a que estaba solo construido un 17%. Las sobrevaloraciones alcanzaron hasta el 600%.Hacienda multó a la tasadora de Caixa Galicia con 200.000 euros por cuatro sanciones y el Supremo, como avanzó FARO, confirmó la penalización por "la gravedad de las conductas imputadas" y que afectaron incluso a antiguos responsables de la entidad, como el que fue director de Riesgos, Francisco Zamorano. Él llegó a acudir al Constitucional para frenar una multa de 15.000 euros, pero el alto tribunal no lo aceptó.Pese a que la sanción podría en su momento haber incluido el cierre obligado de Tasagalicia, la empresa siguió activa hasta ahora. Abanca, según publicó Economía Digital, acaba de poner punto y final a su trayectoria. El Registro Mercantil recogía la pasada semana su defunción.
