El rechazo masivo por parte del Ministerio de Medio Ambiente a las propuestas de regularización de núcleos marineros en Galicia conforme a la fórmula recogida en la última reforma de la Ley de Costas llevó a que la Xunta, sin competencias directas en la materia, se presentara como mediadora autorizada entre el Gobierno central y los concellos para intentar darle la vuelta a la situación y legalizar el mayor número de asentamientos en el litoral. Para ello, la entonces Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ofreció en septiembre su asesoramiento técnico a los 87 ayuntamientos costeros de Galicia, pero su iniciativa apenas ha tenido éxito. Casi dos meses después de realizar su oferta mediante una carta dirigida a los alcaldes, solo dos concellos, el de O Grove y el de Boiro, han aceptado el papel de mediador de la Xunta. El resto no ha mostrado interés en contar con la ayuda del Gobierno gallego.
La reforma de la Ley de Costas abrió la puerta para regularizar los núcleos marineros situados a menos de 100 metros de la costa que están fuera de la ordenación urbanística porque los respectivos concellos a los que pertenecen no pudieron acreditar que existían como tales con anterioridad al año 1988. Se calcula que en Galicia hay unos 255 asentamientos de estas características con 12.500 viviendas. Por estar fuera del ordenamiento municipal, dependen de Costas y están sujetos a fuertes restricciones, como la imposibilidad de hacer nuevos desarrollos urbanísticos y equipamientos públicos y de ampliar o reformar las viviendas existentes, estando solo permitido las obras de mantenimiento básico, lo que resta valor y dificulta sobremanera su compra-venta.
La Ley de Costas, en su última redacción, volvió a dar a los concellos la oportunidad de legalizar estos núcleos tradicionales. Pero no tuvo demasiado impacto. Primero, porque solo fueron 46 los ayuntamientos que se acogieron al proceso, que propusieron la regularización de 142 asentamientos, y segundo, porque el Ministerio de Ambiente solo aceptó el 10% de las solicitudes, pronunciándose de forma favorable sobre 14 núcleos marineros -nueve de ellos pertenecientes a los municipios pontevedreses de Marín, Nigrán, Baiona y Gondomar, y cinco al coruñés de Muros-.
Es decir, de entrada el 40% de los ayuntamientos con núcleos marineros afectados por la Ley de Costas se desentendió del problema. Ni se molestó en presentar propuestas de legalización. Y de los 46 que sí se acogieron al proceso, en once casos no respondieron al requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente cuando se les demandó más documentación. No obstante, otros once están pendientes de que se resuelvan sus expedientes por parte del Gobierno central.
Ante esta situación, la Xunta se reunió varias veces con los responsables del ministerio de Isabel García Tejerina, quienes aceptaron que la antes Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y ahora de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio actuara como mediador, dando asesoría técnica, con los concellos "ante las dificultades que algunos ayuntamientos pueden tener para aprovechar esta oportunidad".
Lo cierto es de que los 87 municipios a los que la Xunta envió la carta ofreciendo su mediación, solo dos la aceptaron, el pontevedrés de O Grove -que solicita la regularización de Porto Meloxo-, y el coruñés de Boiro. Aunque es posible que algunos lleven sus negociaciones directamente con el Ministerio de Medio Ambiente, pero el Ejecutivo autonómico desconoce este aspecto.
