El jefe de los Servicios Técnicos de la Diputación de Pontevedra, Manuel Ángel G.J., imputado en la denominada 'Operación Patos', ha declarado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, y ha defendido la legalidad de las adjudicaciones cuestionadas en esta investigación.
Este técnico ha subrayado, en declaraciones a los medios a su salida del juzgado, que "era absolutamente todo legal", en relación con obras adjudicadas por diferentes procedimientos, y sobre las que la Policía mostró sus sospechas de que se pudieran haber producido amaños en favor de la constructora Eiriña (dos de cuyos responsables están también imputados).
Así, a la salida de su declaración ha confirmado que había respondido a "todas las preguntas", tanto de la juez como del fiscal, y que, en el interrogatorio, se había limitado a aclarar "básicamente cuestiones técnicas" sobre los procedimientos de licitación. "Entiendo que esas cuestiones han quedado suficientemente aclaradas y concretadas", ha indicado, al tiempo que ha reiterado que se trataba de asuntos técnicos "que nada tienen que ver con cuestiones de tipo político".
Manuel Ángel G.J. ha explicado que los expedientes se ajustaron a la legalidad, tanto en los casos de adjudicaciones ordinarias como en los procedimientos negociados sin publicidad.
Louzán y Figueroa
Por otra parte, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, este imputado ha negado que Rafael Louzán o José Manuel Figueroa (entonces presidente y vicepresidente del organismo provincial, y ambos imputados en esta causa) hubiesen participado en los procedimientos de adjudicación de esas obras.
Este técnico fue imputado por su participación en la adjudicación de obras como los campos de fútbol de Moraña y Vigo (Coruxo y Coia), obras de saneamiento en varios municipios, caminos, aceras y otros trabajos.
Asimismo, según el sumario, fue uno de los destinatarios de los regalos de la empresa Eiriña. Con respecto a esta cuestión, ha apuntado que los obsequios son una "cortesía habitual" de las empresas.
