La actual subcomisión entre la Xunta y la Iglesia carece de una reglamento que permita ejercer su cometido de protección de patrimonio de manera completa, según reconoce la Consellería de Cultura e Educación. Por ello, el Ejecutivo aprobará en 2017 un plan para regular las relaciones con la curia y así mejorar el control sobre sus bienes catalogados, desprotegidos frente al deterioro y los robos, según las denuncias planteadas en diversas ocasiones por el Fiscal de Galicia entre 2011, cuando se produjo el robo del Códice Calixtino en la Catedral de Santiago, y 2014.
La Lei do Patrimonio Cultural que aprobó ayer el Consello de la Xunta, y que será remitida al Parlamento para su aprobación a lo largo de 2016, incorporará una disposición para aprobar, en un máximo de un año, un reglamento "que regule las relaciones entre la Xunta y la Iglesia católica". En la actualidad, este vínculo se rige por una adaptación de 1985 de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979. El encargado de velar por la "atención y control especial" de las intervenciones sobre el patrimonio es una subcomisión específica que actúa, pero que "no tiene un reglamento propio que fije su composición, su funcionamiento y otros aspectos concretos necesarios para ejercer sus funciones", según reconocen fuentes del departamento de Román Rodríguez.
El Códice Calixtino
El nuevo reglamento permitirá "actualizar" esa subcomisión, según consta en una ley que, además, blinda la responsabilidad de la Iglesia "como propietaria de una buena parte del patrimonio cultural de Galicia" para velar "por su protección, conservación, acrecentamiento, visualización por la ciudadanía y difusión", según establece la ley.
De momento, el control eclesiástico sobre su patrimonio parece no ajustarse a esas encomiendas, según las quejas del ahora ex Fiscal Superior de Galicia. En 2011 Carlos Varela reaccionó al robo del Códice Calixtino afeando a la Iglesia su falta de control y seguridad sobre su patrimonio y proponiendo un inventario de sus propiedades protegidas, entre el 70 y el 80% de las existentes en Galicia. De hecho, la comunidad cuenta con 7.679 edificios religiosos singulares, solo por detrás de Castilla y León.
El robo del Códice reveló los problemas de seguridad del patrimonio eclesiástico, en muchos casos, por falta de medios, lo que provocaba no solo deterioro, sino también robos de piezas. Por ello, Xunta, Arzobispado y Delegación del Gobierno firmaron un protocolo de protección que únicamente generó el año pasado la adhesión del Obispado de Astorga. Varela, que ya no ocupa el puesto de Fiscal Superior de Galicia, vinculó el año pasado esta falta de implicación con "personalismos" de parte de la Iglesia. Por su parte, el Arzobispado aseguró que se uniría al protocolo "Iglesia segura" cuando tuviese un coste "viable" para sus arcas.
Este no será el único aspecto que regule la futura Lei do Patrimonio, de cuyo anteproxecto ya informó la Xunta en febrero y junio pasados. El texto también reducirá a dos categorías los bienes protegidos: los Bens de Interese Cultural (BIC) y los catalogados, que incluirán la categoría de inventariados, que desaparece. Una vez entre en vigor el texto, podrá declararse BIC una ruta del Camino de Santiago si lo piden por unanimidad los concellos por los que discurre.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó ante la prensa, tras la reunión de su equipo, una novedad referente a la Ruta Xacobea: la elaboración en un plazo máximo de dos años de un plan integrado para todos los caminos, así como aumentar su grado de protección frente a talas de árboles o asentamientos urbanos en la ruta (también se vetará acampar a menos de tres metros del camino físico).
Hasta un millón de euros
Aunque Feijóo indicó que "la mejor forma de proteger el patrimonio no es mediante las sanciones", sino a través de la educación, el texto eleva de 23 a 54 las faltas tipificadas y las infracciones graves, como destruir patrimonio protegido, podrán alcanzar el millón de euros de multa.
Los concellos también gozarán de más competencias y responsabilidades con la nueva ley. Estos podrán autorizar actuaciones en bienes catalogados de patrimonio arquitectónico y etnológico, siempre que cuenten con medios técnicos y humanos suficientes y con un plan xeral de urbanismo aprobado. De esa forma, la Xunta busca agilizar pequeñas actuaciones, pues hasta ahora incluso el cambio de una lámpara de una casa protegida requería luz verde de Patrimonio. El departamento de Cultura se reservará la autorización exclusiva en el caso de los BIC, que son los bienes que cuentan con mayor nivel de protección.
