Los interrogatorios a los imputados de la Operación Patos afrontan hoy una jornada clave. La exdelegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, está citada para prestar declaración esta mañana en el Juzgado de Instrucción 7 de la ciudad olívica, convirtiéndose así en la primera persona que ostentaba un cargo político cuando se desarrolló esta presunta trama que comparece ante la magistrada en esta ronda que arrancó el 30 de octubre. Bravo Bosch -víctima política del operativo tras ser destituida hace un mes al frente de la delegación territorial y sustituida por Ignacio López Chavez- ha sido implicada en el caso por presuntas irregularidades en la concesión de un curso de formación a la empresa Aulatel FyC S.L. (vinculada a la hermana de la edil del PP de Ponteareas Belén Villar), por la recolocación del funcionario Alfonso Fernández Comesaña (también imputado), por contratos de obra del Meixoeiro, Vilagarcía y Panxón, por trabajos que también se mencionan en el sumario con relación con el Consorcio del Casco Vello que presidía y por una "hipotética" mediación a favor de la empresa Eiriña, epicentro de esta causa, en contratos de la Diputación Provincial de Pontevedra.

La de hoy será la cuarta jornada de comparecencias ante la magistrada que dirige esta megacausa, María del Carmen García Campos. Enrique Alonso Pais, dueño de Eiriña y presunto cerebro de la trama; Jaime Alvariñas, director general de la misma firma; y Juan Ramón Alonso, extécnico de Cespa, la otra empresa implicada, guardaron silencio ante la juez. Los únicos que declararon hasta el momento -las comparecencias del medio centenar de imputados se alargarán hasta febrero de 2016- han sido precisamente dos funcionarios de la Delegación de la Xunta: el exjefe del Servicio de Formación y Colocación Juan Pedrosa y otra jefa de servicio, Ana Carrera. Aunque como todos los imputados Bravo Bosch puede acogerse a su derecho a no declarar, algunas fuentes apuntaban ayer que, dado el alto cargo político que ostentaba, es presumible que sí aporte sus explicaciones sobre los hechos que se le atribuyen.

El pasado septiembre, tras levantarse el secreto de sumario de la Operación Patos y trascender su contenido, la entonces aún delegada de la Xunta realizó declaraciones a los periodistas defendiendo su inocencia y desvinculándose de las presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas que investiga el juzgado vigués. "Soy la única persona que no le ha adjudicado ninguna obra", decía Bravo Bosch en septiembre en relación a Alonso Pais, al que definió como "una persona de partido". "Tengo la conciencia tranquila", añadía días antes de que la juez, tras solicitarlo la Fiscalía, procediese a su imputación. "Tengo muy claro que tenemos cero responsabilidad y culpabilidad y nos vamos a defender", volvió a reiterar en otra ocasión sobre su situación y la de los funcionarios autonómicos investigados. Dos semanas después de la imputación, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la relevó al frente de la representación autonómica en la ciudad olívica.

Los informes del grupo UDEF de la Policía Nacional que constan en la causa revelan supuestamente la estrecha relación entre Bravo Bosch y Pais, a través de contactos telefónicos y encuentros. Los agentes constataron también "la predilección" de la exdelegada para darle obras, algo que ella niega. El jefe de Eiriña, siempre según el sumario, no sólo empleaba su "influencia" sobre Bravo Bosch para que su empresa ganase obra pública, sino que, según los investigadores, éste era también un "conseguidor", un intermediario en la sombra para firmas amigas para que éstas recibiesen contratos. La Policía apunta que en obras como una cubierta en la residencia del Meixoeiro, un centro comunitario en Arousa y otro trabajo en Panxón, Eiriña sale adjudicataria con el "amaño" del concurso a su gusto. Sobre el Consorcio del Casco Vello, se documentan tres actuaciones en el barrio histórico. Los informes policiales exponen que éstas no se las quedó Eiriña porque renunció al ser trabajos pequeños.