Faro de Vigo

Faro de Vigo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Catalá: "La ´Pokemon´ parece una causa imposible: tantos imputados, delitos, años..."

"Estamos del mismo lado que jueces y fiscales; sus demandas de medios adecuados son legítimas y razonables"

Ministro de Justicia desde que hace ya más de un año sustituyó a Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá visitó esta semana Vigo para clausurar la reunión nacional de jueces decanos que este 2015 tuvo como escenario la ciudad olívica. A punto de finalizar la actual legislatura, hace balance de su labor en el ministerio y las reformas impulsadas, de temas de actualidad como el conflicto catalán o las causas de corrupción o de cómo afronta el PP las elecciones generales del 20 de diciembre.

- Las jornadas anuales de jueces decanos celebradas en Vigo arrancaron y se clausuraron con la petición del decano vigués, en representación de todos ellos, de más medios para lograr una justicia moderna, ¿qué radiografía hace de las necesidades judiciales tras más de un año al frente del ministerio?

- Básicamente coincido con la consideración del juez decano de Vigo. Hay tres ejes fundamentales para avanzar en la mejora de la Justicia. Mejores leyes, y hemos hecho muchas reformas legislativas. Más medios personales. Y una tercera pieza a la que no prestamos suficiente atención en el pasado, los medios materiales: sedes judiciales adecuadas y la nuevas tecnologías. En Justicia seguimos trabajando con una oficina administrativa del siglo pasado, no hemos incorporado con suficiente intensidad las nuevas tecnologías como lo hizo toda la sociedad española. Éste es un proyecto importante en el que intentamos avanzar y es verdad, como dice el decano, que queda mucho camino por recorrer.

- Juicios a años vista, instrucciones eternas? Son problemas serios. ¿Cómo combatirlos?

- Con esos tres ejes a los que me he referido. Y el primero es muy importante. En Justicia las herramientas fundamentales son las leyes. Por lo tanto, cuando hablamos de una justicia lenta, tiene que ver con que la ley que organiza el procedimiento suele ser antigua. En el caso de la justicia criminal, es una ley del siglo XIX. Por eso hemos sacado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la Justicia. ¿Cómo? Por ejemplo, acabaremos con las macrocausas. Ya no habrá esos cientos de acusados que forman parte de la misma causa, que se tarda años en investigar? Otro cambio afecta a los atestados sin autor conocido: son cientos de miles de asuntos cada año que se quedarán en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad mientras no se identifique al autor. Le vamos a quitar mucho trabajo burocrático a jueces y fiscales de la mesa. Y luego estos problemas también se solucionan usando más las tecnologías, y en algún caso, es verdad, creando más plazas de jueces, fiscales... y más juzgados.

- Tomó al testigo de Alberto Ruiz Gallardón, ministro que aunó el rechazo unánime de la judicatura, ¿ve enmendados aquellos errores?

- Tuve la oportunidad de impulsar una etapa final de legislatura fructífera en reformas legislativas. Pero eran reformas ya preparadas, proyectos de alta calidad heredados del equipo de Gallardón. Es cierto que los primeros años de gobierno fueron difíciles, hubo que pedir esfuerzos a la sociedad española? Por ejemplo extender las tasas judiciales a las personas físicas, pero en cuanto pudimos las suprimimos. En definitiva, he dirigido el ministerio en un año donde pudimos impulsar nuevos proyectos y rectificar medidas anteriores porque la situación económica lo ha permitido. Estas circunstancias son las que nos posibilitan acabar la legislatura con un gran consenso en general de todos los profesionales, todo ello sin eludir la crítica porque no hay unanimidad, y aprobando muchas leyes que estaban ahí y pudimos acabarlas.

- La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entra en vigor en diciembre, está siendo muy criticada por jueces y fiscales... Entre otras razones porque denuncian que no hay medios para agilizar las instrucciones que plantea la nueva norma.

- Esa reforma incorpora medidas para agilizar el funcionamiento de la justicia y fortalecer la garantía de los derechos de las personas que participan en un proceso penal. Una de las medidas es el establecimiento de plazos iniciales para la instrucción, plazos que no son arbitrarios, están basados en la experiencia. Se establece que las causas sencillas puedan llevarse a cabo en seis meses y las complejas en 18 meses como modelo general. Pero la ley contempla que esos plazos podrán ampliarse.

- ¿Y se pondrán más medios a disposición de los profesionales?

- Tienen razón los jueces y fiscales cuando piden medios adecuados para hacer bien su trabajo. Son demandas legítimas y razonables. Y por supuesto que sí, ese es el compromiso. El año que viene el presupuesto del ministerio va a crecer y eso significa que vamos a tener más plazas de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia [antiguos secretarios], funcionarios... Con fiscales, jueces y con todos los funcionarios de Justicia estamos del mismo lado, no estamos en frentes confrontados, no estamos en conflicto. Trabajamos por un mismo objetivo y todos los planteamientos razonables se atenderán.

- Antes hablaba de que la reforma legal eliminará las macrocausas. ¿La "Operación Pokemon" es un ejemplo de cómo no hay que llevar un caso de esta magnitud?

- Sí, es un ejemplo de como las leyes procesales que estaban en vigor antes en España provocaban estos resultados tan negativos. Negativos en términos de agilidad de la Justicia. Si eso sucedió es porque la ley lo permitía. Por eso la hemos reformado, para que nunca más volvamos a encontrarnos con este tipo de procesos que la percepción que causan al ciudadano es la de una causa imposible: imposible de gestionar, en la que nadie entiende nada cuando hay tantos imputados, tantos delitos conectados y años y años de tramitación? Al final todos nos perdemos un poco en este maremágnum que provoca una causa tan compleja.

- El último escándalo judicial que salpica a un político en Galicia es el del presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, al que una mujer ha denunciado por ofrecer trabajo a cambio de sexo.

- Como ministro de Justicia lo que pido es que se lleve a cabo una investigación transparente, profesional, basada en hechos ciertos y objetivos y que acredite las actuaciones y en su caso las comisiones de delitos e irregularidades. Y si así fuese que actué la Justicia con toda la firmeza. Pero también hay que pedir que no se hagan juicios paralelos, que nadie pueda ser acusado sin pruebas: la reputación es un patrimonio que todos tenemos y que debe ser respetado.

- Los casos de corrupción, ¿han lastrado la imagen de los políticos?

- Creo que sí. Pero hay que intentar sacar lecciones y aprender de las experiencias negativas. Que se conozcan estos casos de corrupción debe darnos a los ciudadanos la confianza de que no hay impunidad: que los tribunales funcionan y que se condena a los culpables. Y en esta legislatura promovimos reformas intensísimas en la materia para que estos casos no vuelvan a producirse en España. Los ciudadanos pueden sentirse legítimamente enfadados con aquellos que cometieron prácticas irregulares, pero pueden estar seguros de que tenemos un Estado de derecho que funciona y que no permite que se cometan estas irregularidades. Y quien lo comete, lo paga.

- ¿Deben dimitir los políticos cuando son imputados?

- Hemos acabado ya con la figura del imputado. Ahora es la del investigado. Lo que creo es que la exigencia de responsabilidades debe hacerse cuando hay acreditación de que se hizo alguna actividad irregular. Porqué la mera sospecha sería poner en duda la presunción de inocencia. Que alguien sea denunciado por la comisión de un delito y que un juzgado lo investigue..., esa fase tan inicial no tiene porque llevar la consecuencia de apartar a una persona de la vida pública. Ahora bien, en cuento se acredite y se pase por ejemplo a la fase de juicio oral, con una atribución de responsabilidad, ese es el momento de exigir el apartamiento.

- Visita Vigo, una ciudad que hace dos años luchaba por mantener su partido judicial y que ahora acaba de ser sede de una cumbre de magistrados. ¿En Madrid se conoce bien el peso judicial de esta urbe?

- En Madrid, en el Ministerio de Justicia en particular y en el Gobierno central, se conoce la realidad de Galicia y muy particularmente la de Vigo. La Xunta se encarga además de solicitar que las necesidades estén cubiertas. Y llevándolo a mi ámbito personal le aseguro que conozco bien esa realidad. No hay un déficit de información, tenemos identificadas las cargas de trabajo de Vigo, cómo están algunos juzgados, en particular los juzgados de lo Social, el Mercantil, algunos juzgados civiles y los de Familia? La foto está perfectamente dimensionada.

- De revalidar el PP el Gobierno y reformarse el mapa judicial, ¿se mantendrá el compromiso de mantener el estatus judicial vigués?

- El debate sobre la organización de la Justicia debe ser permanente, porque la sociedad cambia, la población, la litigiosidad... En todo caso, sin perjuicio de que se pueda estudiar la planta judicial, el principio de la cercanía al ciudadano, de la presencia de la Justicia en el territorio, será un eje de nuestro modelo de organización de la Justicia. Por tanto Vigo, con su realidad económica y social, es inimaginable que pueda ver mermada su estructura judicial en el futuro bajo cualquier modelo. Es una gran ciudad, la capital del sur de Galicia, y genera una zona de influencia con el norte de Portugal que debe tener servicios judiciales adecuados a su realidad.

- A menos de dos meses ya de las elecciones generales, ¿es Ciudadanos el rival a batir por el PP?

-Estamos viviendo una época muy volátil desde el punto de vista de la opinión pública y de la opinión de los votantes. En las elecciones europeas, hace un año y poco, UPyD fue la tercera fuerza política más votada y hoy prácticamente ha desaparecido de las encuestas. Luego apareció Podemos, que parecía incluso que superaba al partido socialista. Hoy parece que está en franca regresión. Y después llegó Ciudadanos, con unos resultados en las elecciones municipales y autonómicas nacionales no muy altos, pero buenos en las catalanas.. Alguien interpreta entonces que lo que obtuvo en Cataluña lo va a extender a toda España... No me parece que esos movimientos de altibajos tan fulgurantes sean razonables. No están basados en una opinión estable, sino en movimientos que tienen algo de espumosos. Surgen con mucha fuerza pero después se vienen abajo.

- ¿Cuál es entonces el desafío del PP ante estos comicios?

- El principal desafío del PP es volver a convencer a su núcleo social, a los votantes de 2011, de que hemos sido capaces de cumplir nuestros compromisos, que somos un partido y un gobierno fiable y que hay que seguir trabajando en la misma dirección y con las mismas políticas de estos cuatro años. Porque las alternativas, o demostraron en el pasado que no fueron capaces de hacer lo que nosotros sí hemos hecho o son absolutas incertidumbres. Y no creo que España pueda permitirse el lujo de incertidumbres, sino más bien de seguridades y certezas.

- Y si revalidasen el Gobierno, ¿repetiría como ministro de Justicia?

- Esa decisión corresponde al presidente del Gobierno. Si ganamos las elecciones y Mariano Rajoy cuenta conmigo, estaré encantado de seguir colaborando en lo que me plantee.

"El soberanismo plantea desobedecer la ley, romper la convivencia"

Compartir el artículo

stats