Las primeras líneas de los hechos probados en la sentencia con la que ayer la Audiencia Nacional condenó a la antigua cúpula de la entidad de ahorros fusionada de Galicia golpea de lleno en las tripas del mensaje que buena parte del ruedo económico y político en la comunidad intentaron hacer calar en aquellos años convulsos de la reestructuración financiera. La integración se impulsó "como consecuencia de la situación económica y financiera que atravesaba Caixa Galicia, que estaba en situación de insolvencia", zanja el fallo, para luego añadir que la de Caixanova "no era tan grave como la de Caixa Galicia, pero tenía serios problemas de viabilidad". No es la única referencia al diferente diagnóstico con el que ambas llegaron al matrimonio forzado por la Xunta. Los tres magistrados encargados de juzgar el caso recogen las palabras de Pedro González, director de la inspección del sector del ahorro en el Banco de España, que evidenció que la entidad dirigida por José Luis Méndez "estaba prácticamente quebrada" y que Caixanova no llegaba a su nivel de insolvencia.
El paso de González por la vista oral dejó también constancia de que la operación nacía coja desde su comienzo. Ante "los desequilibrios" de ambas entidades, "que hacían que no pudieran funcionar por sí solas" y, destacó, "sin que por su fusión sin más tampoco pudieran funcionar". De ahí los 1.162 millones de euros que el FROB aportó en la primera ronda de ayudas públicas a la banca en España. "No obstante, según dicho testigo -apunta la sentencia-, se tuvieron desde el principio serias dudas de la viabilidad del proyecto".
La verdad es que el jefe de supervisión de las cajas fue todavía más contundente en su comparecencia ante el juez en su turno el día 30 del pasado junio. El Banco de España no era "partidario" de que se unieran las dos cajas gallegas porque Caixa Galicia "tenía dificultades sustantivas". En Caixanova se barajaba "otro proyecto" . "Más sensato", confirmó Pedro González, porque su opinión respecto a los pasos a dar estaba "más cerca" de lo que pensaba la entidad viguesa, temerosa de que la losa de las cuentas de la entidad con sede en A Coruña provocase lo que efectivamente ocurrió. Pero el organismo claudicó por "un empeño por circunstancias sociológicas", una referencia indisimulada a las presiones del Ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijóo y con la entonces conselleira Marta Fernández Currás, que amenazaron con vetar cualquier movimiento corporativo que no fuera la fusión gallega.
La famosa acta de supervisión publicada por FARO en la que se acreditaba la insolvencia de Caixa Galicia salió a escena en el caso de las prejubilaciones. En ella, los inspectores del Banco de España refrendaban "la desafortunada" y "agresiva expansión" de la entidad, sin controles internos y en "segmentos muy sensibles al ciclo económico". La entidad coruñesa ofrecía oficialmente una morosidad del 5,5%, cuando la real se disparaba al 9,3% porque había operaciones ruinosas camufladas con un riesgo normal y se refinanciaba sin rigor. Como consecuencia, justo después de la fusión, a los pocos días, la cúpula de Novacaixagalicia capitaneada por la alta dirección de Caixanova -González también reconoció que el Banco de España los había elegido por su buena gestión- recibió un documento, desvelado por FARO, con un listado de requerimientos "para subsanar las debilidades de Caixa Galicia". Entre ellos, la necesidad de dotar, a mayores del saneamiento realizado durante la fusión, más de 800 millones de euros. El anterior director xeral de Política Financieira de la Xunta, Manuel Galdo, solo llegó a reconocer públicamente que Caixanova "tenía un poquito más de aire".
A González se le preguntó expresamente por qué esas peticiones no se enviaron antes de la integración. Cinco meses después de que el Banco de España hubiera ratificado el documento. "Es normal. No vean nada extraño. Se amontonan papeles", disculpó.
Por si quedaba alguna duda de la extrema debilidad con la que nació Novacaixagalicia, el responsable de supervisión confesó que a la nueva entidad se le impuso un recorte astronómico de 10.000 millones de euros en activos, 500 oficinas y 2.000 trabajadores "a través de una operación de venta de red". Datos idénticos a los que el secretario de Estado de Economía de aquel momento, José Manuel Campa, narró en la comisión de investigación de las cajas en el Parlamento. Lo mismo que declaró el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. La venta de oficinas de Caixa Galicia que supuestamente Méndez tenía apalabrada, según aseguró José Luis Pego, exdirector general de Novacaixa, en el juicio. "No me acuerdo de cuál era", aseguró González en la vista en la Audiencia Nacional. Lo que no negó es que cuando se cerró la fusión, y ante las preocupaciones de Caixanova, en el Banco de España lanzaron un lema muy poco premonitorio: "Hay partido".
Alberto Núñez Feijóo - Presidente de la Xunta
"La Xunta advirtió al Banco de España de las indemnizaciones"
Feijóo mostró su "respeto" por la sentencia y subrayó que "acredita" que el Banco de España debería "haber hecho caso" a la carta que le remitió a su entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pidiendo dejar sin efecto las indemnizaciones. "Le advertimos que no estaban de acuerdo con la legalidad vigente, ni con las directivas de la UE ni con la ética pública, pero miró para otro lado", lamentó.Por otra parte, el grupo municipal del PP de Vigo pedía ayer a Caballero, que "dé explicaciones" tras "amparar" la actuación de los exdirectivos.
Pilar Cancela - Secretaria de Org. del PSdeG
"Los socialistas con cargo en las cajas no sabían de las irregularidades"
La secretaria de Organización del PSdeG, Pilar Cancela, valoró ayer que los exdirectivos de las cajas "paguen por los delitos o las infracciones que hayan cometido", sin entrar a considerar si la condena era o no suficiente. También descartó Pilar Cancela que haya que "poner en el punto de mira" a miembros de su partido que, como el expresidente de la Diputación de A Coruña Salvador Fernández Moreda, que formaron parte del consejo de administración de la extinta Novacaixagalicia, toda vez que no sabían las "irregularidades" que estaban produciendo.
Yolanda Diaz - Viceportavoz de AGE
"AGE pide también depuraciones políticas por el agujero de las cajas"
La diputada de AGE Yolanda Díaz pidió "depuración de responsabilidades tanto políticas como judiciales y no solo por las indemnizaciones de las cajas, sino también por el agujero de más de 10.000 millones de euros". Exigió la reapertura de la comisión de investigación parlamentaria para analizar el fallo y lamentó que "todos los banqueros responsables de esta gran estafa están libres", pues "una condena de 24 meses no obliga a hacerlo".La diputada recordó al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, quien afirmó que las leyes están "pensadas para el robagallinas, no para el gran defraudador".
Clodomiro Montero - Portavoz de CIG Banca
"La condena es simbólica y deja fuera a la cúpula de Caixa Galicia"
La central nacionalista CIG ha calificado de "positiva, aunque simbólica", la condena a los exdirectivos de Novacaixagalicia por las prejubilaciones millonarias. Lamenta que "los directivos puede que no lleguen a entrar en prisión, la devolución de las indemnizaciones percibidas será parcial, deja fuera a la cúpula de Caixa Galicia y no resiste comparación con otras condenas". Recuerda que en octubre de 2011, cuando se hicieron públicas las indemnizaciones, se produjo "una gran alarma social", pero "solo la CIG presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado".
Manuel Pardos - Presidente de Adicae
"Adicae recurrirá una sentencia escandalosa por la condena simbólica"
La asociación de consumidores Adicae, personada como acusación popular, recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional. "El fallo es una burla a los gallegos y a los consumidores", denunció ayer el presidente de Adicae, Manuel Pardos. "Más que un castigo", la asociación entiende que la sentencia llega "como un regalo para los acusados", que ve que "se escapan de ser condenados por estafa y de ir a la cárcel" tras una "comedia de juicio-farsa". Censura lo "escandaloso" de la imposición de condenas "simbólicas a pesar de que el tribunal acredita gravísimos hechos". ,
