En el tiempo de descuento de la actual legislatura, el Ministerio de Industria lanza una subasta para incrementar en 200 megavatios (MW) la potencia operativa en España para aprovechar la biomasa como fuente de electricidad y otros 500 MW de eólica con derecho a la retribución específica con la que la reforma energética sustituyó el viejo sistema de primas a las renovables. Serán, por tanto, instalaciones con derecho a recibir una subvención a mayores de lo que perciban por la venta de su producción en el mercado mayorista, el pool. El Gobierno aprobó ayer el real decreto que formalizará la convocatoria, a la espera de una orden que detalle las todavía desconocidas condiciones en las que se hará el proceso y los plazos. Una medida que, desde que se conoció, tiene al sector con la boca abierta porque la sobreoferta de centrales y el elevado coste del pago a las tecnologías limpias sirvió de mantra a Industria para justificar el huracán normativo impulsado durante estos últimos tres años y medio. La puja abre la puerta a que los 1.939 MW de los parques eólicos del concurso de la Xunta y los 400 MW pendientes de construir en la comunidad desde antes, desde hace seis años, opten a hacerse con parte de la cuota y, por tanto, mejorar su rentabilidad con ingresos extra. Ahí tiene el Ejecutivo autonómico su esperanza para ver en pie parte de los aerogeneradores repartidos en noviembre de 2010.
¿Por qué ahora después de la justificación constante de la moratoria a nuevas instalaciones? El ministro José Manuel Soria defiende que es el momento porque se consiguió "la sostenibilidad del sistema". Tanto él como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sostienen que España cumplirá los objetivos en materia de renovables impuestos por Bruselas. Que en 2020, al menos un 20% de la energía venga de las renovables. "Si sigue la tendencia actual", matizaba Sáenz de Santamaría. En 2014 las fuentes verdes alcanzaron el 17%, "un 4,9% por encima de la senda prevista". El Ministerio de Industria vincula ese cumplimiento a que se aumente la potencia en funcionamiento. De ahí, añaden, "la presente convocatoria".
De las tripas de la subasta poco se sabe. Podrán optar nuevas instalaciones de biomasa implantadas en territorio peninsular y parques eólicos también nuevos o que aspiren a repotenciarse de todo el Estado, incluyendo los archipiélagos, la única zona de todo país exenta de la moratoria por la necesidad de cubrir la demanda casi por sí mismos.
Será un proceso de "concurrencia competitiva". "Una subasta en la que los titulares de las instalaciones ofertarán un descuento sobre los valores estándar de retribución a la inversión, de manera que se adjudiquen las instalaciones más eficientes para cada tecnología", explica Industria. En otras palabras, los promotores propondrán cuánto menos están dispuestos a cobrar respecto a las subvenciones estipuladas.
La regla general, a la espera de la letra pequeña, beneficia a emplazamientos como Galicia, que tiene la calidad del viento como mejor baza. Los parques mejor situados pueden funcionar más horas, generar más electricidad, exprimir los ingresos en el mercado y hacer una oferta a la baja en la retribución pública. Pero los promotores gallegos recuerdan que aquí hay gastos que no existen en la mayoría de comunidades. Especialmente el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por la autorización parques -rebajado hasta el 0,3%- y el canon eólico. "Es una desventaja competitiva frente a Castilla-La Mancha o Castilla y León. Si mis costes son superiores, mi oferta no será tan baja", recuerda Íñigo Muniozguren, secretario de la Asociación Eólica de Galicia (EGA). "Aplaudimos y apoyamos cualquier medida que haga mover al sector -continúa-, pero lo miramos con cautela por el momento de la convocatoria y con escepticismo por los precedentes".
La patronal del viento en la autonomía se refiere a la incertidumbre que genera la subasta a dos meses de las elecciones y lo llamativo del movimiento de un ministerio al que todo el sector acusó de lapidar a las renovables.
Los promotores esperarán a conocer a fondo las condiciones antes de pronunciarse, pero dejan claro que lo correcto hubiera sido poner sobre la mesa un calendario de subastas "a medio plazo" para completar el incremento de potencia que el Gobierno prevé en la planificación energética -aprobada también ayer-, de entre 4.500 y 6.500 MW hasta 2020.
