El Gobierno gallego ha dado hoy el visto bueno para su remisión al Parlamento a la Ley de Suelo que fija como principales objetivos "ordenar realmente y completamente el territorio, el desarrollo sostenible en el rural y defender el paisaje".
Este texto legal supone uno de los "principales" de la legislatura "y de la década", según ha afirmado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras el Consello de la Xunta.
Ha destacado el "consenso" durante la fase de redacción, con 8 de cada 10 alegaciones presentadas incorporadas al texto, y ha mostrado su confianza en que este grado de acuerdo se mantenga también en el Parlamento con los grupos políticos.
La ley pretende que ningún ayuntamiento carezca de un Plan General de Ordenación Municipal, de modo que en esta década "todos" tengan normas de urbanismo "de calidad y perdurables en el tiempo".
Para lograrlo se desarrollarán distintas medidas. En primer lugar, la Xunta elaborará proyectos de planeamiento básicos autonómicos, a lo largo de 2016, para identificar y delimitar los 33.000 núcleos de población.
También correrá por su cuenta la elaboración de planes básicos municipales para los municipios de menos de 5.000 habitantes que tengan dificultades técnicas.
En Galicia hay 199 municipios de menos de 5.000 habitantes y 56 carecen de Plan de Urbanismo.
"(A estos) Nos comprometemos a hacerles el planeamiento básico y al resto un planeamiento básico adaptado a la ley si fuera necesario", ha dicho Núñez Feijóo.
Otra de las novedades es que los ayuntamientos deberán pedir "un informe único" ante la Xunta y no varios en distintos departamentos, y el Gobierno gallego tendrá que responder "en un plazo máximo de tres meses" y en caso de que no lo haga se entenderá que hay "silencio positivo".
De este modo se rebajarán un 75% los tiempos de tramitación autonómica de informes preceptivos, ha indicado el presidente gallego.
Los municipios de más de 50.000 habitantes, las siete ciudades, tendrán la capacidad de aprobar definitivamente sus planes aunque deberán contar en el informe "preceptivo y vinculante" de la Xunta.
En este caso, la Xunta propone resolver "la problemática de gran parte de las viviendas en Galicia que están fuera de ordenación". Fueron construidas de forma legal pero no se adaptan a un planeamiento en vigor, lo que impide que se puedan emplear como garantía hipotecaria o hacer obras de ampliación y modificación.
Con la nueva regulación, las viviendas construidas sobre vías verdes, viales u otras infraestructuras, seguirán fuera de ordenación y se impedirán obras salvo para "mantenimiento imprescindible"; mientras que el resto pasarán a ser consideradas viviendas "normales", que podrán estar sujetas a garantías hipotecarias si se considera oportuno.
Otro de los pilares de la ley es la búsqueda de "un rural protegido y vivo", en el que se pueda vivir y trabajar, por lo que se permitirán determinados usos turísticos y vinculados a las explotaciones.
En cualquier caso los requisitos de volumen máximo de edificación en el rural serán similares a la edificación tradicional existente; esto es, 7 metros de altura como máximo, una superficie mínima de 2.000 metros cuadrados, y que la construcción no exceda más del 20% del terreno, entre otros.
También se incrementan el porcentaje de ampliación en las construcciones consideradas tradicionales, aquellas anteriores a 1975, de modo que se pasa del 10 al 50 por ciento.
En la protección del paisaje, el tercer eje de la ley, se garantizará que las instalaciones y las construcciones tengan que adaptarse al contorno y se concederán "prórrogas ilimitadas" para la licencia de edificios "con la condición de que finalice el exterior", la fachada.
Esta finalización, sin embargo, consistirá -únicamente en "pintarla, no se pide más"-, ha dicho Núñez Feijóo, que ha destacado que "si hay otros materiales serán bienvenidos" pero el objetivo es que la vivienda "no impacte de forma brutal sobre el paisaje".
Los planeamientos de urbanismo deberán contener, además, pautas concretas de integración paisajística.
