La Ley de los Presupuestos Generales del Estado, que se encuentra en su fase final de tramitación en las Cortes, abre la puerta a la rebaja de hasta un 20% del Impuesto de Bienes Urbanos (IBI) para las viviendas y oficinas más eficientes en el consumo de energía. La reducción impositiva no será, en todo caso, generalizada, sino progresiva, ya que va en función del grado de ahorro energético que certifique cada hogar. Pero en Galicia serán muy pocas las viviendas que puedan optar a esta bonificación fiscal. Menos del 2% del parque gallego, que según el Instituto Galego de Estatística supera los 1,6 millones de inmuebles. Según el último balance de evaluación energética, en la comunidad gallega solo 26.500 edificios tendrían derecho a una rebaja del IBI.
Esta bonificación nace de una enmienda introducida por el PP en la tramitación en el Senado de los Presupuestos Generales del Estado. Entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2016 y lo que hace es permitir por ley, ya que de otra forma no sería posible, que los ayuntamientos puedan aplicar ese descuento. Que luego rebajen el IBI o no, eso ya es competencia municipal, pero el Gobierno les abre la puerta para que puedan hacerlo.
La rebaja máxima será del 20%, pero únicamente aplicable a los inmuebles con mayor nivel de eficiencia, aquellos que en la evaluación han obtenido la calificación A. Según los últimos datos, solo 38 edificios tienen esta categoría en Galicia.
La deducción sería como máximo del 16% para las viviendas con la letra B -267 en la comunidad autónoma-; del 12% para las catalogadas como C -1.900-; del 8% para que obtuvieron la letra D -5.900 -; y del 4% para la clasificadas como E -18.300-.
Se quedarían por tanto al margen los más de 12.000 inmuebles que sacaron la peor calificación en ahorro energético, a los que corresponden las letras E y F, y también, por supuesto, todas las viviendas que no cuentan con el certificado.
Con esta bonificación del IBI, con la que el PP pretende incentivar la mejora de la eficiencia energética, el Ministerio de Hacienda también se asegura que la rebajas sean homogéneas en toda España y que no haya grandes diferencias en función de la comunidad autónoma a la que pertenezca el ayuntamiento.
El certificado energético es un documento obligatorio desde junio de 2013 para todos los pisos destinados a la venta o al alquiler, ya sean viejos o de nueva construcción, y otorgan a cada construcción una calificación en función del consumo que necesitan en el día a día. Se mide el gasto de electricidad, gas y calefacción y la calidad del aire interior, las condiciones de control térmico y lumínico y también las emisiones. Y cuanto mejor sea el aislamiento y menor la pérdida de energía, mayor nota se obtiene en una relación que va desde la A a la G, a semejanza de las etiquetas que llevan los electrodomésticos para promocionar los de bajo consumo, siendo las tres últimas letras un "suspenso".
Esta obligación, impuesta por la UE, da así al inquilino o futuro comprador una información mucho más precisa del gasto que energía que deberá afrontar cuando resida en ese inmueble, lo que también serviría para negociar el precios del contrato. En todo caso la obligación es solo de obtener el certificado, indistintamente de la calificación que se consiga. Pero también lo puede solicitar cualquier propietario, indiferentemente de que vaya a vender o no el piso. Y su presentación será imprescindible para el caso de que el ayuntamiento correspondiente decida a partir de enero del próximo año aplicar las rebaja del IBI que permitirá Hacienda.
Los precios para obtener la evaluación oscilan de los 50 a los 200 euros. Pero luego hay que apuntarse al registro de la Consellería de Economía, que tiene un coste base de cinco euros, a lo que se suman otras tasas vinculadas a la superficie o al uso. Pero el no pasar este trámite tiene también un precio. Las sanciones por alquilar o vender un inmueble sin el certificado tiene la consideración de infracción y las multas van desde los 300 a los 6.000 euros.
