El nuevo equipo de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta dispone de un año por delante antes de la celebración de las elecciones autonómicas, en caso de que el dirigente decida convocar los comicios en la misma fecha que en 2012, es decir, a finales de octubre. Los tres recién llegados se sientan en sus despachos con diferentes tareas por delante con las que mejorar no solo la gestión de la administración, sino también tratar de que su partido remonte en apoyo, tras el varapalo que supusieron las municipales y las catalanas. La primera prueba radica en las elecciones generales del 20 de diciembre.
Jesús Almuiña, Ángeles Vázquez y Rey Varela, ayer en el Pazo de Raxoi en Santiago. // Xoán Álvarez
En sanidad Jesús Vázquez Almuíña asume un doble reto. Por un lado, debe gestionar la crisis del hospital de Vigo, motivo que, según reconoció Feijóo, le costó el puesto a Rocío Mosquera. Por otro, estos problemas se producen en una provincia, la de Pontevedra, donde el PP tiene un serio problema, tras sus malos resultados el 24-M. Para resolverlo, Feijóo apuesta por un perfil con experiencia en la gestión sanitaria y médico de profesión, pero que además ostentaba una de las mayores alcaldías pontevedresas en manos del PP: la de Baiona.
Tras los problemas en el traslado al complejo Álvaro Cunqueiro, paralizado en los primeros días en parte debido a la aparición de un foco infeccioso, aparecieron las quejas de personal sanitario por la falta de material, que han obligado a paralizar incluso operaciones por ausencia de instrumental. También deberá solventar el problema del aparcamiento, los usuarios se quejan de su elevado precio, y los menús que los enfermos del complejo denuncian son de pésima calidad.
La aplicación de la Lei de Garantías Sanitarias, que fija plazos máximos para las operaciones y garantiza la elección de centro o acudir a la privada en caso de que la sanidad pública no ofrezca una solución, ocupará parte también de los retos de Almuíña, que llega al puesto tras años de recortes en este capítulo. Según la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), desde el inicio de la crisis la Xunta aplicó un tijeretazo de 500 millones en este capítulo.
A Almuíña le toca asumir esta crisis igual que a Ángeles Vázquez, alcaldesa de Melide, el conflicto lácteo. La dirigente, que forma parte de la nueva hornada popular a la que Feijóo quiere dar paso y que participó en la elaboración de la ponencia del PP, dejó un guiño al sector con un pin en su solapa de apoyo a la leche "100% gallega".
Las tractoradas del pasado verano trasladaron a la calle un problema estructural en Galicia, donde las explotaciones ganaderas cuentan cada vez no solo con menor margen de beneficio, sino que en muchos casos venden su leche por debajo del coste de producción. La paralización de la distribución de leche generó pérdidas millonarias esos días.
A finales de septiembre, el Ministerio de Agricultura firmó un acuerdo para garantizar precios sostenibles tras las denuncias desde Galicia de que se vendía el litro incluso por debajo de los 23 céntimos.
Vázquez deberá lidiar con un sector donde existe división sobre esa medida y que resulta capital para la economía gallega, especialmente para el interior de Galicia, el tradicional granero de votos del PP.
José Manuel Rey, exalcalde de Ferrol y coordinador del programa electoral del PP para las generales, lleva a la Consellería de Política Social en un contexto en que parece que dispondrá de más recursos. Fuentes de la Xunta reconocen que el área social generaba más tensiones que la de empleo, debido a la mejora relativa del paro y a una reforma laboral que dejó parte de las tareas como la intervención en los expedientes de regulación de empleo en manos estatales. ¿El motivo? La insuficiencia de fondos para dependencia, con lista de espera de 27.300 personas tras el acceso al sistema de los leves, y la urgencia de quienes necesitan alguna ayuda para llegar a fin de mes.
Rey, cuyo hijo de poco más de un año tuvo su cuota protagonismo en el acto, ya sabe que dispondrá de fondos para un nuevo bono guardería y probablemente más para la renta social, cuyo gasto se ha duplicado desde 2009 como síntoma de cronificación de la pobreza. El gran reto de su departamento seguirá siendo la demografía, aunque para fomentarla solo dispondrá de un año.
