Las facturas se acumulan cada vez menos en los despachos de las administraciones. De hecho la Xunta ha logrado reducir en los últimos meses su plazo medio de pago a proveedores: 16,57 días frente a los 46,19 de media del conjunto autonómico, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda correspondientes al pasado mes de julio. Pero pese a las amenazas de sanción por parte del departamento que dirige Cristóbal Montoro a las comunidades, ayuntamientos y diputaciones que paguen a sus proveedores fuera de plazo u omitan datos no todos los organismos públicos cumplen la Ley de Morosidad, que fija en 30 días el plazo de pago de las facturas. De los 78 entes dependientes de la Xunta obligados a remitir esta información a Hacienda, un total de 22 no aportaron datos y otros 10 pusieron al día sus recibos fuera de plazo. Es decir, cuatro de cada diez organismos públicos incumplen los plazos legales para pagar a sus proveedores u omiten los datos al Gobierno central.

A diferencia de otras comunidades autónomas, Galicia está obligada a informar a Hacienda sobre el estado de sus facturas desde septiembre del año pasado. ¿El motivo? El hecho de no haberse acogido ni al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ni al Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno central, que obligaba a las autonomías a remitir datos puntualmente al departamento de Cristóbal Montoro.

En la lista de morosos de Hacienda del pasado mes de julio, aparecen diez organismos públicos dependientes de la administración autonómica. A la cabeza del ranking está la Fundación de Feiras e Exposicións de Lugo, con más de 290 días de espera por parte de los proveedores, casi diez veces más que el plazo máximo fijado por ley. Con más de cuatro meses los recibos acumulados en los despachos está el Consello Galego da Competencia (123 días). El Instituto Energético de Galicia y el organismo de Xestión do Solo de Galicia (Xestur) también figura en esta lista, con un plazo de pago de facturas de casi 73 y 51 días, respectivamente; así como la Fundación Dieta Atlántica (67,33 días). En el punto de mira del Gobierno central también está la Universidade da Coruña (47,78 días), la Academia Galega de Seguridade (44,32), la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (39,17), el Instituto Galego de Calidade Alimentaria (37,95) y el Fondo Galego de Garantía Agraria (34,12 días).

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Junto al listado de organismos que pagan fuera de plazo sus facturas, Hacienda tiene otros sobre las entidades que no le remiten la información requerida. La Crtvg es de los reincidentes, lo que impide que se pueda comparar con la situación de otros medios de comunicación autonómicos.

Tampoco rinden cuentas ante Hacienda otros entes de la administración paralela de Galicia como Turgalicia, Galicia Calidade, el Centro de Transfusión de Galicia, la Axencia Galega de Emerxencias, la Fundación Deporte Galego o la Universidade de Santiago.

En el caso de las ciudades, A Coruña y Ourense vuelven a estar en la lista de morosidad del Ministerio de Hacienda. En el caso del Concello de As Burgas, cerró julio con una demora en el plazo de pago a sus proveedores de 45,41 días frente a los 37,04 del mes anterior. Mientras, el equipo de gobierno de Xulio Ferreiro en A Coruña la demora es de 34,22 días frente a los 28,11 de junio debido a los problemas de tesorería detectados en María Pita tras el cambio de gobierno.

El resto de urbes gallegas pagan en plazo. La que mejor datos presenta es Vigo, que abona sus facturas incluso antes de que comience a contar el plazo (-7,38 días).