La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha afirmado que la Xunta, junto con los ayuntamientos y las ONG, trabajan "a destajo" para elaborar el plan de acogimiento de refugiados sirios. Al respecto, ha indicado que pueden alcanzarse unas "mil instalaciones" a disposición de este colectivo e la Comunidad gallega.

Mato respondió así a la pregunta de la diputada Consuelo Martínez (Grupo Mixto), quien ha celebrado que se elabore este plan y quien ha pedido que, si es posible, recibir ya "este mes de octubre" a los primeros refugiados.

Así, la conselleira ha explicado que "todavía no está cerrado", pero ha adelantado que ya ha registrado una petición de comparecencia en la Cámara para informar de este documento en cuanto esté finalizado.

Beatriz Mato ha afirmado que no sólo se trabaja en su recepción, sino que también se planifica su posterior "integración", y ha explicado que el plan abarca no sólo vivienda, sino sanidad y educación.

Además, ha considerado que será preciso hablar también de "coordinar una red de voluntariado", para esa integración, que incluirá también el conocimiento de los hábitos sociales y el idioma.

Despido empresa

Por otro lado, la titular de Traballo coincidió con que un empleado de una empresa no puede ser despedido por razones políticas, pero al respecto del caso expuesto por la diputada Carme Adán (BNG), ha señalado que tiene "dudas" de las causas reales de esa desvinculación laboral. "Lo que pongo en duda es la rotundidad sobre las razones del despido", ha señalado.

Mato dijo que no se recibió una denuncia en la Inspección de Trabajo y que, en todo caso, como la cuestión está judicializada, ahora no se puede intervenir por parte de ese órgano (dependiente del Gobierno central) ni de la Xunta.

El caso es el referido al de Maite Mourillo, despedida en junio, tras las municipales, por parte de la empresa Esyca. La diputada del BNG lamentó que sembrase esa "sospecha" sobre la trabajadora que estuvo vinculada a la empresa 11 años y pidió a la Xunta "mayor compromiso" para evitar la "vulneración" de los derechos de los trabajadores.