Probablemente no hay mejor ejemplo de la importancia que tienen las pensiones no contributivas para miles de gallegos que la decisión de la Xunta hace ya siete años de impulsar una extra para mejorar los ingresos de sus receptores. La cuantía media ronda los 350 euros mensuales en el caso de las prestaciones ligadas a jubilación y asciende a cerca de 390 euros en las que se abonan por invalidez. En ambos casos, los beneficiarios no cuentan con el mínimo de cotización para una de carácter contributivo -15 años-, pero se encuentran en lo que la Seguridad Social denomina "situación de necesidad protegible", sin que los recursos de los que disponen sean suficiente para sobrevivir. El número de pensiones no contributivas en vigor en la comunidad alcanzó el pasado mes de agosto las 42.035. El mínimo de las últimas dos décadas. Hay que retroceder hasta 1995 para encontrar un volumen menor -38.200, concretamente-, según el último balance de la Subdirección General de Gestión del Imserso y la evolución que recoge el Instituto Galego de Estatística (IGE) con datos aportados directamente por la Consellería de Traballo e Benestar.
La caída en el pago de este tipo de prestaciones en Galicia es una constante desde que en 2003 se registrara el techo histórico, con 54.496 beneficiarios. El descenso desde entonces alcanza el 23%. Solo en los ocho primeros meses el actual ejercicio hay una bajada de más de 700 pensiones. ¿Es un problema de falta de presupuesto? No. Es la consecuencia de la evolución de la población. Del crecimiento de los trabajadores con los plazos de cotización necesarios para cobrar una pensión contributiva.
"Por eso se van rebajando las no contributivas y crecen las contributivas", confirma Adela Poisa, secretaria de Política Social de CCOO en Galicia. En el caso de las otorgadas por la existencia de una invalidez, Poisa recuerda que el cambio de baremo implantado en 2000, "que hizo mucho más difícil la aprobación". Y eso se ve claramente en los números. Las pensiones no contributivas por invalidez en 2001 fueron 27.237. En 2002 se desplomaron a 21.600, como refleja el IGE. La reducción en esta modalidad en los últimos diez años escala al 41%. Entre las de jubilación -unas 26.200- se queda en el 19,4%.
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Las pensiones no contributivas son el esqueleto de la red de prestaciones asistenciales que hay en España. Un colchón en el que también están las ayudas vinculadas a la Ley Social de los Minusválidos (Lismi), del Fondo Nacional de Asistencia Social (FAS), las de Emergencia Social (AES) y la Renta de Integración Social de Galicia (Risga), que gestiona la Xunta. Las dos primeras van camino de convertirse en residuales. De las más de 26.800 activas en 1992 -garantía de ingresos mínimo, de ayuda de tercera persona, gastos de transporte o asistencia sanitaria- quedan únicamente 750. Las del FAS -prestaciones de carácter periódico a ancianos, enfermos o discapacitados- pasaron de 28.700 a solo 12.
La Risga, en cambio, tocó en 2013 su máximo, con 9.300 perceptores a 31 de diciembre y el pasado ejercicio se mantuvo en números históricos, en 9.175.
El propio Imserso coloca a Galicia entre las autonomías con un mayor descenso en la presentación de solicitudes para pensiones no contributivas entre 2008 y 2014, por encima del promedio por ejercicio. En esos siete años, en la comunidad se pidieron 16.620 prestaciones. La mayoría de expedientes se resolvieron -16.275- y otros 700 estaban pendientes. El número de solicitudes aprobadas supera ampliamente en todo el periodo las 1.500, sin que se detecte ningún descenso brusco ante el estallido de la crisis y la contención presupuestaria.
El 71% de las demandas recibieron el visto bueno de la administración. Y la razón mayoritaria en las 4.151 denegaciones de estos siete años es la disponibilidad de recursos por parte del solicitante.
El pasado año se revisaron 20.876 pensiones no contributivas. Prácticamente la mitad del total. En 216 de ellas se perdió el derecho a cobrarla -45 por defunción- y en 1.500 se cambió la cuantía.
