Medio centenar de políticos, empresarios, técnicos y funcionarios de la Diputación de Pontevedra, la Delegación de la Xunta, el Concello de Vigo, la Autoridad Portuaria y Nigrán pasarán en las próximas semanas por el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo para declarar como imputados en el marco de la Operación Patos contra la corrupción. La magistrada de la causa, Carmen García Campos, acordó ayer la imputación de otras 46 personas por supuestas irregularidades en contrataciones públicas, "amaño" de obras y presunta recepción de regalos de las empresas Eiriña S.L., epicentro de la trama investigada, y Cespa. La magistrada comparte el criterio del fiscal de Delitos Económicos, Juan Carlos Horro y acepta las nuevas imputaciones excepto en tres casos al considerar que no hay indicios suficientes, al menos de momento: el exalcalde de Nigrán, Alberto Valverde; al secretario municipal de dicho concello, Julio César Doallo, y a la presidenta del colectivo vecinal Pedra Moura, María Teresa Otero Comesaña.
Las nuevas declaraciones se sumarán a las previstas de los imputados iniciales, detenidos en febrero de 2014 y en libertad con cargos Enrique Alonso PaisEnrique Alonso Pais, dueño de Eiriña y su delegado Jaime Alvariñas Villanueva; dos responsables de Cespa y el exedil de Vías y Obras de Nigrán, José Álvarez Valverde.
En la pieza principal de la Operación Patos serán interrogados en calidad de imputados las próximas semanas la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch; el expresidente de la Diputación, Rafael Louzán; el exvicepresidente del organismo provincial, José Manuel Figueroa y los ediles del Concello de Vigo Ángel Rivas y David Regades. La magistrada asume el dictamen de la Fiscalía y considera que presuntamente habrían cometido irregularidades en las contrataciones, además de haber recibido regalos y prebendas de Alonso Pais, el dueño de Eiriña. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la edil Isaura Abelairas, han sido imputados también como destinatarios de regalos navideños de Enrique Alonso Pais. Entre la documentación requisada en Eiriña hay un listado en el que el regidor figura como receptor de una pluma Montblanc valorada en 1.500 euros en 2009 y un reloj de la misma marca, en las Navidades de 2010 valorado en 1.750 euros. Paradójicamente, el informe policial unido a los autos constata, sin embargo, que sobre la pluma hay una acta de devolución. Caballero ha negado de forma reiterada haber recibido cualquiera de los dos regalos. En el caso de Abelairas, figura en el listado como receptora de un colgante y unos pendientes.
La juez Carmen García Campos, en el auto notificado ayer, fija en 600 euros el límite económico máximo para regalos que puedan ser aceptados por políticos o funcionarios. Si bien por debajo de dicha cifra apunta que podrían ser "reprobables", no alcanzarían relevancia penal. A partir de dicha cantidad, entiende que podrían suscitar relevancia penal al superar lo que podrían considerarse atenciones amparadas en usos sociales. Asume también el criterio de la Fiscalía por el que los regalos realizados con anterioridad al año 2010 estarían ya prescritos.
En la pieza principal de la causa, además de los ocho políticos citados, declararán también como imputados vinculados a la Delegación de la Xunta el jefe de gabinete, Francisco Javier Carballeda; el jefe del servicio de Formación y colocación, Juan Pedrosa; los técnicos Alfonso Fernández Comesaña y Ana Gómez Carrera; así como los empresarios Arlindo González Sousa, Benilde Villar González y José Paulo dos Santos (Aulatet F y CSL); Agustín Rodríguez Domínguez (Idmaco) y Manuel Garrido Portel de Planificación Desarrollo y Gestión de Construcciones S.L.
En la investigación que respecta a la Diputación, lo harán Manuel González Juanatey, jefe de los servicios técnicos; el funcionario Julio Vázquez Martínez; el que era jefe de gabinete del presidente, Luis Serantes Álvarez, y los empresarios Diego González Fernández (Canalizaciones y Construcciones Salnés), Mauricio Rodríguez Osorio (Construcciones Enrique C. Casas), Manuel Fernández Valdés (Construcciones Crespo), Jesús Fontán (Covsa), Miguel Ángel Pintos (Sercoes Obra Civil) y Juan Manuel Carro (Caldevergazo S.L.).
Por supuestas irregularidades en el Concello de Vigo comparecerán como imputados los técnicos Gilberto Moldes (Parques y Jardines), Álvaro Crespo (ingeniero de Fomento) y Jerónimo Castrón (técnico). Por la Autoridad Portuaria se imputa a al técnico José Enrique Escolar y los empresarios Emilio Balboa y Jesús Lorenzo.
En la pieza separada que aglutina sólo presuntas irregularidades en el Concello de Nigrán, han sido imputados, además del exedil de Vías José Álvarez, el exconcejal y constructor Vicente Costas Pumar, los funcionarios Juan Antonio Durán, Josefina Durán, Sergio Giráldez, José Manuel freiría, Francisco Villar y María Jesús Fernández lema; ademas de tres personas contratadas pro el Concello en el polémico Plan de Emprego, y los empresarios Silvano Giovanni, Antonio Vidal, Andrés González Bouzada, Jesús Fernández Comesaña, y Miguel Ángel Alejos.
Bravo Bosch (izquierda), Figueroa, Louzán, José Álvarez, Alonso Pais (centro), Rivas (dcha), Regades, Caballero y Abelairas.//FDV
