Los ganaderos gallegos del sector lácteo retomarán las protestas a mediados de octubre si constatan que siguen percibiendo bajos precios por la leche que producen y, de esa forma, se incumple el espíritu del acuerdo de Madrid, del que siguen criticando que sea una "declaración de intenciones" al no incluir "garantías".

Esa fue la principal conclusión alcanzada ayer en la reunión de la Plataforma pola Defensa do Sector Lácteo, en la que se decidió mantener una "vigilancia férrea" sobre industrias y a la distribución. La Plataforma esperará a la entrada en vigor del acuerdo, el 4 de octubre, y a la publicación del decreto de garantías para "definir medidas concretas y actuaciones contra las firmas que no se aproximen al cumplimiento del acuerdo", pero denuncian ya que "está habiendo flagrantes incumplimientos por parte de las industrias, que están sometiendo a grandes presiones a los ganaderos para que firmen nuevos contratos que no serían homologables con el nuevo acuerdo", además, añaden, de "un grupo de primeros compradores que no retiraron aún los contratos a la baja" y que instan a la Xunta a "controlar" a través de una comisión de seguimiento que pedirán hoy por escrito a Medio Rural.

La Plataforma manifiesta en un comunicado que se sienten "defraudados". "El borrador del acuerdo pactado fue cambiado. Nos engañaron, nuestras peticiones no aparecen. No incluyeron en absoluto las enmiendas propuestas por los ganaderos", aseguran.

También ayer el Consejo de Ministros aprobaba, a propuesta de Agricultura, el Real Decreto que regulará las ayudas para las granjas de vacuno de leche más afectadas por la crisis que se padece desde abril de este año y que el departamento que dirige Isabel García Tejerina se comprometió a impulsar.

El montante total previsto para una medida destinada a que las explotaciones que percibieron unos precios por la leche por debajo de los costes de su producción no abandonen su actividad y que buscan ofrecerles liquidez a corto plazo, mientras "se recuperan los precios", es de 20 millones, y el límite máximo a percibir por explotación es de 10.000 euros. Unas 5.600 granjas serán beneficiarias. Las que percibirán más (300 euros por res) por su situación de mayor vulnerabilidad serán 1.700. El resto, llevarán 110 por vaca.