Los ganaderos gallegos del sector lácteo retomarán las protestas a mediados del próximo mes de octubre en caso de constatar que continúan recibiendo bajos precios por la leche que producen y, de este modo, se incumple el acuerdo firmado en Madrid --el espíritu del mismo, porque, de hecho, rechazan su "falta de garantías" y creen que constituye una "declaración de intenciones"--.

Es la principal conclusión alcanzada tras una reunión de la Plataforma en Defensa do Sector Lácteo este viernes en Santiago, donde han decidido, en este sentido, mantener una "vigilancia férrea" a las industrias y a la distribución, pero también a una serie de primeros compradores que aseguran que abonan precios bajos y que están "fuera" del documento rubricado en la sede del Ministerio de Agricultura.

Precisamente el comportamiento de estos primeros compradores, y la forma de "controlar" esta situación, es una de las problemáticas que motiva que la plataforma pida la constitución de una comisión de seguimiento a la Consellería de Medio Rural. Prevén materializar esta reclamación a través de un escrito este sábado en la Xunta, en el complejo administrativo de San Caetano.

"Nos engañaron"

Así lo ha explicado uno de los portavoces del colectivo, Anxo Escariz, quien, en declaraciones a Europa Press, ha resumido el ánimo de los productores con dos frases: "El acuerdo no nos gusta nada" y "nos engañaron, tanto el Gobierno --central-- como la conselleira --Rosa Quintana".

Al respecto, ha denunciado que la titular de Medio Rural "dio a entender" en el Parlamento que "se iba a aprobar" el acuerdo sobre el sector con la incorporación de las alegaciones de los ganaderos. "Pero no solo no fue así, sino que lo que se incorporó fueron aportaciones de las industrias", ha censurado este portavoz.

"No queda más remedio"

Por ello, los dueños de las explotaciones, que a lo largo del mes de agosto y durante septiembre protagonizaron numerosas y sonadas protestas haciendo uso de sus tractores y hasta bloqueando las fábricas, tienen la intención de permanecer "vigilantes" y "denunciar ante la opinión pública" cualquier actuación que vean incorrecta.

"El acuerdo no garantiza nada, es una declaración de intenciones y no contiene el precio sostenible. Además, nadie nos asegura que su implementación vaya a ser inmediata, así que no nos queda más remedio que estar a la expectativa y ver cómo se comportan los distintos eslabones de la cadena", ha finalizado Escariz.