"Yo respeto la Justicia y no voy a decir que pongo la mano en el fuego por los que están en el partido en el que milito y no por los que están en el partido que no milito. Yo creo en la Justicia", aseguró ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al ser preguntado por los dirigentes de su partido salpicados por la operación Patos, entre ellos la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y el vicepresidente del mismo ente, José Manuel Figueroa, y para los que el fiscal pide imputación.

Feijóo hacía estas declaraciones un día después de que Bravo Bosch pusiese la mano en el fuego por los colaboradores y técnicos de la Delegación implicados en la Patos. Era la respuesta de la dirigente del PPdeG a una declaración veinticyatro horas antes de Abel Caballero, que dijo que hablaba sólo por él, y defendía que nunca había aceptado regalos. El fiscal ha pedido la imputación de Caballeor por la supuesta recepción de agasajos y para dos de sus ediles, David Regades y Ángel Rivas, además de por los regalos por presuntas irregularidades en contratos públicos. Para Bosch, solicita la imputación por supuestos amaños de obras.

Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, se mostró muy "interesado" en conocer el alcance de la investigación, "si se habla de contrataciones de obra pública o de contrataciones masivas de personal".

El titular del Ejecutivo gallego además anunció que su gabinete "sin trampa ni cartón" dará "toda la información" de "todas las épocas" en las que las empresas investigadas por la Patos pudieron tener relación contractual con la Administración autonómica porque "debe quedar claro", al igual que "la responsabilidad" de cada político. El sumario ha destapado que además de contratos con la administración actual, también trabajo para el bipartito y en las dos épocas la Udef constata irregularidades.

Feijóo supone que "también seguirán sus pasos los ayuntamientos y la diputación afectados por la causa".

En relación a los mensajes telefónicos que le envió Bravo Bosch y que aparecen recogidos en el sumario, Feijóo explicó que es normal que mantenga "contacto" con la máxima representante de la Xunta en Vigo. "Todas las actuaciones que hice estoy absolutamente convencido de que fueron legales. Si algún juez tiene alguna duda, estoy a su disposición", sentenció. Bravo Bosch le planteó vía SMS problemas de varios empresarios, entre ellos un empresario del naval, afectado por el tax lease, y otro de la construcción, que tenía dificultades para renegociar una deuda.

El mandatario popular apuntó que el tax lease "estuvo a punto de cerrar los astilleros gallegos" y que él no "comparte" que a un presidente "le dé igual". "Nunca", sentenció. Eso sí, garantizó que él "nunca" ha mediado "a favor de nadie" y que siempre actúa pensando en el interés de Galicia.

Feijóo remarcó, sobre los mensajes de Bravo Bosch, que tener contacto con el delegado de la Xunta en cada provincia le parece "lo mínimo", siendo él presidente de la Xunta. "La Justicia siempre tiene que decidir acerca de si esos contactos tienen alguna relevancia jurídica o no", advirtió, para reafirmarse en que "todos" los que trabajan en la Administración pública, él incluido, deben estar "a su disposición".