Las dos organizaciones agrarias que representan a la "mayoría" del sector ganadero de leche en España, UPA (en Galicia Unións Agrarias) y COAG (Sindicato Labrego Galego en la comunidad) se quedarán fuera del acuerdo que promueve el Ministerio de Agricultura hoy en Madrid entre distribución, industria y productores porque consideran que el texto es una "mera declaración de intenciones" y que "no da garantías de que la situación de crisis en el sector se vaya a resolver".

Frente a Asaja y las cooperativas, que sí dijeron sumarse al convenio auspiciado por el departamento que dirige Isabel García Tejerina, UPA y COAG argumentaban ayer en un comunicado que al acuerdo "le ha faltado valentía para definir un precio sostenible al productor" y que carece además de garantías jurídicas que permitan "cambiar los malos hábitos que industria y distribución llevan años desarrollando".

Esas eran precisamente, junto a la retirada inmediata de los contratos a la baja, dos de las principales demandas de los ganaderos que ambas organizaciones -que darán explicaciones hoy de su "rechazo"- intentaron "hasta el último momento" incluir en el texto, aunque están abiertos a sumarse si el documento se modifica.

La secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalba, indicaba ayer a Europa Press que su organización no está dispuesta a firmar "un cheque en blanco", que el líder de Unións Agrarias, Roberto García, definía como un "documento de buenas intenciones que no resuelve el problema", porque "sigue quedando a la discrecionalidad de industria y distribución".

La Plataforma pola Defensa do Sector Lácteo, responsable de las movilizaciones de los ganaderos en Galicia, había anunciado que estaría "vigilante" sobre las partes que no cumplieran. En principio, estudia reunirse el viernes para "marcar mecanismos de seguimiento" del convenio y fijar "formas de movilización si es necesario".

En todo caso, García apunta a que, tras la firma, está convocada una reunión de la Interprofesional Láctea (Inlac) en la que se prevé "desarrollar puntos del acuerdo pendientes", como puede ser el modelo de contrato-tipo de compraventa de leche, su precio o la situación de los contratos a la baja.

No obstante, el que la firma de UPA y COAG esté o no en el convenio no impedirá que los ganaderos englobados en estas dos organizaciones se beneficien del acuerdo. La ministra de Agricultura insistía ayer, una vez más, en que "todos los ganaderos tienen que tener la tranquilidad de que el acuerdo será positivo para ellos, lo suscriban o no sus representantes" dado que el texto incluye el compromiso de distribuidores e industria de "garantizar la sostenibilidad del sector".

En cuanto a la reclamación de los ganaderos de poder obtener un precio "justo" y "digno" para su producto, García Tejerina reiteró que no se podía incluir un precio mínimo en el pacto, porque los productores se expondrían a tener que afrontar multas de las autoridades de la competencia por fijación de precios. Sin embargo, en los últimos tiempos los ganaderos reclamaban ya que se aclarase la figura del "precio sostenible de la leche", tomando como referencia oficial los índices de costes que establece la Interprofesional Láctea.

Una de las reivindicaciones de los ganaderos era acabar con la venta de la leche por debajo de los precios de producción, una crítica en la que profundizaba ayer el PSOE, que alegaba que el acuerdo "no garantiza" un precio "que permita la viabilidad de un gran número de productores". Sobre la venta a pérdida se pronunciaba ayer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En un informe sobre el Código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria, la CNMC considera "poco razonable prohibir o criticar de forma generalizada" la venta a pérdida, ya que "en determinadas situaciones puede resultar pro competitiva y conllevar ventajas para el consumidor".