"Tengo la conciencia muy tranquila; siempre hice las cosas cumpliendo la normativa", defendió ayer el edil de Vigo y diputado provincial José Manuel Figueroa, un día después de que el fiscal pidiese su imputación en la Patos por supuestos amaños de contratos públicos y recepción de regalos, siendo vicepresidente de la Diputación de Pontevedra.

"Desde el máximo respeto a la Justicia y al trabajo de la juez y el fiscal", el también presidente del PP de Vigo, mostró su "absoluta" disposición a colaborar con la Justicia, pero remarcó que lleva años en cargos públicos y "siempre" actuó bajo los dictados de las leyes.

En el sumario de la Operación Patos, se incluye un auto de la juez de febrero del año pasado en que deniega la petición de la UDEF para incautar el disco duro y el correo electrónico de Figueroa, en el registro que la policía iba a acometer en la Diputación. La juez rechaza la solicitud porque los indicios del a investigación realizada hasta ese momento "no alcanzan base indiciaria suficiente como para atribuirle la condición de imputado". "No se advierte de forma suficientemente nítida su implicación" en los supuestos amaños de contratos, razona la juez, que en el caso de Figueroa sostiene que solo hay "meras alusiones vagas o indefinidas, realizadas aparentemente a su persona por parte de los investigados".

La delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, declinó valorar ayer la decisión del fiscal y a este diario le resultó imposible contactar con el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, para el que la Fiscalía también pide su imputación.