La documentación de la Operación Patos, la causa por presunto tráfico de influencias que salpica a seis concellos gallegos, ya está en manos de los procuradores personados en la causa. Los abogados han recogido esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo los USB correspondientes en los que se recogen los 31 tomos y casi 14.000 folios que dan cuerpo a la causa.
La recogida de los documentos se produce 24 horas después de que la jueza encargada del caso, Carmen García Campos, levantase el secreto sumarial y notificase a través de un auto judicial que ponía a disposición de las partes interesadas toda la documentación de la investigación llevada a cabo alrededor de la Operación Patos, trama que podría constituir el mayor caso de corrupción en la adjudicación de contratos públicos en Galicia, con epicentro en las empresas Cespa -filial de Ferrovial- y Eiriña.
En el escrito, la magistrada apunta a más imputaciones de autoridades y funcionarios aunque antes de dar el paso y llevar a cabo nuevas citaciones y declaraciones, ha solicitado a la Fiscalía un informe sobre la competencia territorial y la apertura de piezas separadas para quienes no sean del partido judicial de Vigo. Por el momento no hay nuevos imputados salvo los cinco que fueron detenidos el 18 de febrero de 2014: José Álvarez Valverde, concejal de Vías y Obras de Nigrán que presentó su dimisión tras el arresto; Enrique Alonso Pais, responsable de la constructora Eiriña; Jaime Manuel Alvariñas Villanueva, director de la citada firma; Alfonso Clemente González, responsable de Cespa en Galicia; y el técnico de esta última empresa Juan Ramón Alonso García.
Registros
El día que estalló la Operación Patos, hace ya más de año y medio, la Policía Nacional practicó de forma conjunta a la misma hora registros en los concellos de Nigrán, Vigo, Ponteareas, Santiago, Pontevedra y Ourense; en la Diputación de Pontevedra, en la Delegación de la Xunta en Vigo y en el Consorcio del Casco Vello. También se recabó documentación en Zona Franca, Autoridad Portuaria, en las sedes de las empresas investigadas y en los domicilios de los detenidos.
Durante el último año y medio los agentes de la Udef han analizado la numerosa documentación incautada, así como el material informático intervenido en los ordenadores y despachos de las distintas administraciones registradas y en los teléfonos móviles requisados.
A partir de ahora los cinco detenidos, que quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial en febrero de 2014, podrán conocer en detalle los hechos que se les atribuyen en el marco de esta investigación. Ninguno de ellos quiso declarar en su día ante la juez a la espera de conocer el contenido de la causa.
