La magistrada del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, Carmen García Campos, ha levantado el secreto de sumario que desde febrero del año pasado pesaba sobre la investigación bautizada con el nombre de la Operación Patos, que podría constituir el mayor caso de corrupción en la adjudicación de contratos públicos en Galicia, con epicentro en las empresas Cespa -filial de Ferrovial- y Eiriña. En un auto judicial que fue notificado ayer a abogados y procuradores personados, el tribunal pone a su disposición todos los tomos de la causa para que "puedan instruirse de su contenido con la antelación suficiente". Por el momento no hay nuevos imputados salvo los cinco que fueron detenidos el 18 de febrero de 2014: José Álvarez Valverde, concejal de Vías y Obras de Nigrán que presentó su dimisión tras el arresto; Enrique Alonso Pais, responsable de la constructora Eiriña; Jaime Manuel Alvariñas Villanueva, director de la citada firma; Alfonso Clemente González, responsable de Cespa en Galicia; y el técnico de esta última empresa Juan Ramón Alonso García.

El número de imputados, no obstante, podría ampliarse a otros cargos públicos y funcionarios de otros puntos de Galicia. En este sentido y "con carácter previo a resolver sobre imputaciones y toma de declaraciones", la juez, tal y como concreta en el auto, solicita un informe a la Fiscalía para que se pronuncie "sobre la competencia territorial en relación con hechos atribuibles a autoridades o funcionarios de administraciones públicas de fuera de este partido judicial", y también se interesa sobre la procedencia de formación "de las piezas separadas que correspondan".

Registros

El día que estalló la Operación Patos, hace ya más de año y medio, la Policía Nacional practicó de forma conjunta a la misma hora registros en los concellos de Nigrán, Vigo, Ponteareas, Santiago, Pontevedra y Ourense; en la Diputación de Pontevedra, en la Delegación de la Xunta en Vigo y en el Consorcio del Casco Vello. También se recabó documentación en Zona Franca, Autoridad Portuaria, en las sedes de las empresas investigadas y en los domicilios de los detenidos.

Una vez que el fiscal de Delitos Económicos de Vigo, Juan Carlos Horro, emita el informe solicitado por la magistrada, se procederá casi con toda probabilidad a las nuevas imputaciones. En principio estaba previsto que, en el caso de que la investigación apuntase a más implicados, todos ellos pasasen el mismo día a declarar por los juzgados vigueses.

Además de alzar el secreto de las actuaciones para todas las partes personadas, la juez de Instrucción 7 de Vigo ha ordenado el desglose de los diversos CD,s que figuran en la causa con las comunicaciones telefónicas intervenidas y que se encuentran en diversos soportes digitales. Así, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que investiga el caso preparará una copia íntegra en un archivo y soporte único para que todas las partes tengan acceso a dicha documentación.

Durante el último año y medio los agentes de la Udef han analizado la numerosa documentación incautada, así como el material informático intervenido en los ordenadores y despachos de las distintas administraciones registradas y en los teléfonos móviles requisados.

El meticuloso informe policial se acaba de presentar en el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo, lo que ha llevado a la magistrada a levantar el secreto. A partir de ahora los cinco detenidos, que quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial en febrero de 2014, podrán conocer en detalle los hechos que se les atribuyen en el marco de esta investigación. Ninguno de ellos quiso declarar en su día ante la juez a la espera de conocer el contenido de la causa.

Pese a que el mutismo es absoluto, fuentes consultadas cuando apenas se llevaban unos meses de investigación ya apuntaban a la posibilidad de que las nuevas imputaciones en esta operación por presunto tráfico de influencias pudiesen superar la decena. También se da por hecho que habrá múltiples citaciones de testigos.