Agentes de la Guadia Civil realizaron ayer por la mañana un registro sorpresa en la sede de la empresa lalinense Proyectos y Sinergias Empresariales (Prosem), acusada de un supuesto caso de fraude fiscal por, presuntamente, recibir fondos de la Xunta para la organización de cursos que, luego, en casos, ni llegaban a impartirse. La investigación partió de una actuación de la Agencia Tributaria en relación a la firma Prosem Consultoría Estratégica que se dedicaría presuntamente al cobro fraudulento de subvenciones en la organización de cursos formativos.

El Juzgado Número 1 de Lalín, que lleva la investigación, ordenó a el registro de las oficinas de Prosem de la calle Avenida Bos Aires, actuación coordinada por el equipo de la Policía Judicial de Lalín. Agentes de paisano y guardias de uniforme se personaron sobre las 10.00 horas para proceder al registro acompañados de la secretaria judicial. Durante las cerca de cuatro horas que duró el registro, que pilló por sorpresa a los dueños de la empresa y a sus trabajadores, los guardias pidieron el DNI a los trabajadores y a los responsables de la empresa.

Pasadas las 14.00 horas sacaron de las instalaciones de Prosem más de una treintena de archivadores, documentación sobre contabilidad y hasta 11 ordenadores portátiles. El material fue enviado al cuartel de la Benemérita de Lalín desde donde se llevará al juzgado. Entre los archivadores había algunos numerados o con etiquetas en los que se podrían leer anotaciones como "cursos Issga 2014". Prosem tenía entre sus clientes a organismos públicos como la Xunta de Galicia, la Diputación provincial o el programa de fondos europeos Depodeza. Pero la investigación en principio no se centraría en la realización de trabajos para la obtención de credenciales de calidad turística, sino en la organización fraudulenta de cursos de formación para desempleados y activos de distintas materias que no llegaban a celebrarse en las condiciones previstas, tal y como publicó el domingo el diario El Mundo.

Consultada la Consellería de Traballo sobre este asunto, fuentes de este departamento autonómico admiten que "hace meses" el juzgado de Lalín que lleva al caso le requirió documentación "a la Xunta" , no necesariamente solo a esta consellería, de lo que se deduce que la operación comenzó hace varios meses. Prosem había organizado seminarios formativos para la administración autonómica; al menos para el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga). "Es todo lo que podemos decir, que el juzgado de Lalín nos requirió documentación", recalcaban desde la Xunta.

En la investigación de la Agencia Tributaria se analizaba el pago del IVA y, supuestamente es ahí cuando se descubre que estaban cobrando subvenciones por cursos que en ocasiones ni se impartían. La forma de actuar de Prosem sería supuestamente siempre la misma: la firma de formación pasaba una factura por una acción formativa a una empresa o colectivo por un importe y al mismo tiempo presta a su cliente dinero para la factura y este le reintegra el dinero. Luego, la Xunta concedería las subvenciones y entonces Prosem y cliente ajustan las facturas, salvo en los casos que no se logre la ayuda pública para la actividad programada. Según relata El Mundo, si llega la subvención, se modifica la factura y la empresa se queda con un porcentaje de la misma y el resto va para su cliente, pero este nuevo movimiento no llegaba a la Xunta.

La investigación judicial en Lalín se centraría en el supuesto fraude en la simulación de cursos para el reparto de ayudas públicas. El foco está puesto, según fuentes próximas al caso, únicamente en Prosem, descartando en principio una operación como la llamada operación Zeta, con epicentro en la ciudad de a Coruña, por fraude en el uso de fondos públicos para la organización de cursos de formación que en casos no se promovían.

La justicia habría descubierto en el caso de la sociedad lalinense facturas por 800.000 euros en 2010 -a raíz del informe de la Agencia Tributaria- que además indica que podría haber responsabilidad penal en los receptores de las facturas. La empresa, que niega las acusaciones, alega que su cifra de negocio en 2010 fue de 247.448 euros. Sobre el registro de ayer, la empresa que dirigen los hermanos José Antonio y Carlos López Alvarellos indican que colaboraron con los agentes "en todo momento" y que a pesar de este "contratiempo" Prosem mantiene su actividad con normalidad "por lo que ninguno de sus servicios ni contratos se verán interrumpidos". Reitera que la comisión de las irregularidades que presuntamente se le imputan a la firma "son rotundamente falsas".