Uno de cada tres concellos gallegos aumentó durante el primer trimestre el plazo de pago a sus proveedores y ya son un total de 105, casi el 40% del total en la comunidad, que aparecen en la lista negra del Ministerio de Hacienda por su elevada morosidad o por no remitirle los datos sobre el periodo que tardan en poner al día sus recibos con autónomos y pequeñas pymes. De las más de 13.000 entidades locales a las que el departamento que dirige Cristóbal Montoro exige información sobre las deudas con sus proveedores, hasta un total de 37 ayuntamientos gallegos, casi el 12% del total en la comunidad, se colocaron en vísperas de las elecciones municipales del 24 de mayo entre los 500 más morosos de toda España.

Encabeza el ranking nacional del primer trimestre, el último balance que Hacienda tiene disponible de todas las administraciones locales del país, el ayuntamiento gaditano de Alcalá de los Gazules, con una demora en el pago a sus proveedores de 402,89 días,más de trece meses, cuando el tope que fija la Ley de Morosidad es de 30 días.

De los casi 40 municipios gallegos con más morosidad en España, la provincia de A Coruña concentra el mayor número: 13. Le sigue Lugo con 10 concellos, Pontevedra con ocho y cierra la lista Ourense con seis. A la cabeza de los más incumplidores en el pago de sus facturas está el ayuntamiento ourensano de A Gudiña, en el puesto 16 de España con un tardanza media en el abono de sus recibos de 194,80 días, seis veces más que el fijado por ley.

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En Pontevedra, bajo la lupa del Gobierno central están Mos (en el puesto 23), seguido de Moaña (88), Vilanova de Arousa (110), Bueu (309), Marín (340), O Porriño (342), O Grove (449) y Vilaboa (485). De Ourense, al concello de A Gudiña le sigue en el ranking nacional Gomesende (134), Padrenda (240), A Rúa (320), Punxín (346), y San Xoán de Río (414).

De la provincia de Lugo, Sarria está entre los más morosos de España (puesto 108), seguido de Foz (115), Palas de Rei (146), Taboada (149), O Incio (241), Trabada (262), Chantada 278), Viveiro (397), A Fonsagrada (451) y Riotorto (452).

De la provincia de A Coruña, están en el punto de mira de Hacienda los concellos de Ponteceso (en el punto 138 de los más incumplidores de España), Carral (260), Vilasantar (310), Rois (325), Camariñas (354), Rianxo (360), Culleredo (401), Boimorto (437), Ares (445), Ames (457), Oza-Cesuras (470), Carnota (492) y Coristanco (497).

Las administraciones locales que doblen el plazo legal de manera reiterada o eludan facilitar al Gobierno central datos sobre los pagos a sus proveedores se enfrentan a medidas coercitivas por parte del departamento que dirige Montoro. Desde descontar de su Participación en los Ingresos del Estado (PIE) la deuda para pagar a los proveedores hasta intervenir las cuentas de los ayuntamientos morosos, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En el caso de Galicia, el balance del primer trimestre marca en rojo a un total de 56 concellos que abonan sus recibos por encima del tope legal y otros 46 que no facilitaron datos. De los ayuntamientos que a escasos meses de las elecciones del 24-M superaron los 30 días de plazo hasta 36 hicieron por encima de los dos meses.

Pese a que la situación actual en cuanto a los plazos de pago a proveedores dista mucho de lo que ocurría hace tres años, entonces la cuarta parte de los autónomos en Galicia arrastraba recibos sin pagar por parte de las administraciones desde hacía más de un año, la morosidad siguen existiendo.

La tendencia a aumentar el incumplimiento de los plazos de pago en al arranque del año ha sido generalizada en los ayuntamientos gallegos. Un total de 113 concellos empeoraron durante el primer trimestre el periodo de pago a sus proveedores respecto al mes de diciembre.

De las siete ciudades, ninguna pagó sus facturas fuera de plazo en el primer trimestre. Las que antes las pusieron al día, incluso antes de que comenzase a contar el plazo para hacer efectivo el ingreso, fueron Vigo (-7,92 días) y Pontevedra (-5,84).