El minifundismo lastra el monte gallego con casi 700.000 propietarios de parcelas de solo media hectárea

Un día después de las duras críticas de la portavoz de AGE, Yolanda Díaz, a la Xunta por los incendios, el PP respondía con igual contundencia. Si Yolanda Díaz acusaba a los populares de "encender la mecha" al abrir la puerta a la recalificación de suelos quemados, el portavoz del PPdeG, Miguel Tellado le acusaba de unas declaraciones "insidiosas e irresponsables" con las que busca "hacer oposición en colaboración con los incendiarios" .

Miguel Tellado pidió a la oposición que "arrime el hombro y no siembre dudas" y a los alcaldes, cuestionados desde Medio Rural por no limpiar los montes, intentó calmarlos, asegurando que la Xunta solo les recuerda su labor.

El 80% de las parcelas forestales en Galicia tienen menos de media hectárea de extensión (5.000 metros cuadrados). El minifundismo que caracteriza el mapa forestal gallego lastra su desarrollo, pese a que Europa prevé que aumente la escasez de madera y busca nuevos bosques que explotar. El exagerado fraccionamiento del suelo forestal es uno de los múltiples factores que ayudan a explicar la ola de incendios que un verano sí y otro también arrasan miles de hectáreas. Ya van más de seis mil en lo que va de año. Las fincas cuánto más pequeñas, menos rentables resultan de explotar, y, en consecuencia, se abandonan, explican los expertos. Entonces crece el matorral y la virulencia de los fuegos se multiplica.

Los datos oficiales apuntan que 672.000 gallegos, que suponen el 30% de los mayores de 18 años tienen un trozo de monte en la comunidad, pero poco más. Son dueños de una media de dos hectáreas, pero además repartidas entre tres parcelas. Es difícil sacarles rentabilidad, cuando el tractor no es capaz de llegar a la finca para limpiarla y cortar la madera, o los herederos son incapaces de localizar las parcelas de sus padres ya fallecidos.

"Hay que afrontar la lucha para superar la elevada fragmentación de la propiedad, revertir el abandono de las tierras, fomentar la gestión agrupada y mejorar las condiciones de producción" , propugnaba el Foro Económico de Galicia, en un informe presentado el pasado mes de febrero. Vuelve a la actualidad tras un fin de semana en que ardieron más de mil hectáreas. en 140 incendios.

Las cifras oficiales del minifundismo escandalizan, pero Juan Picos, ingeniero forestal y autor del informe, advierte de que son más elevadas. Puede haber más de 700.000 dueños del monte gallego porque las estadísticas se hacen a partir del catastro, y hay casos no actualizados y montes que ahora son de varios herederos.

También explica que aunque los informes oficiales apuntan a que el 30% de la superficie forestal en Galicia, más de 606.000 hectáreas, está abandonada, el número puede incrementarse. "Podemos tardar diez o quince años en darnos cuenta de que un monte está descuidado", observa.

"Hay expropiaciones en las que nadie ha reclamado la propiedad y el dinero correspondiente", comenta como ejemplo que ilustra el poco valor que se le da la monte en Galicia.

"La mayor parte del suelo forestal gallego no consta en los registros de propiedad y su información catastral, pese a ser su inscripción obligatoria y gratuita, tiene grandes carencias", sostiene el profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Vigo, quien reclama que se apueste por la potencialidad económica del monte.

"El 10% de las familias gallegas reciben cada año algo del monte", con la venta de la madera. "No les saca de pobres, pero es una ayuda", apunta Picos. Son 70.000 familias, según los datos de Confemadera Galicia, los que el año pasado cortaron madera. Ingresaron 280 millones de euros, cuatro mil euros de media.

Incentivos

Con la crisis, el número de gallegos que volvió la vista hacia el monte como hucha de ahorros se incrementó. Son un 75% más que en 2010, cuando eran 40.000. Podrían ser muchos más, si supieran como gestionar el monte y si además la actividad estuviese incentivada o subvencionada, apunta el académico.

"No puede ser que desgraves por un plan de pensiones pero no por invertir en el monte", reflexiona Picos. El monte necesita recursos y que se crea en sus posibilidades. "A nadie se le ocurriría restar millones al presupuesto de Pesca para afrontar la crisis del Prestige, o restar de las ayudas al sector de la automoción el gasto que suponen los accidentes de tráfico, sin embargo, en el rural se da por bueno que el presupuesto para el fomento del sector merme porque hay que gastar el dinero en apagar los fuegos", razona Picos. "Aquí se cuestiona a los políticos por qué han ardido veinte mil hectáreas, pero no por qué no ha plantado veinte mil hectáreas", expone.

Los sindicatos piden la dimisión de Quintana por "la escasez" de personal y la Xunta sostiene que son "los adecuados"

• Los sindicatos exigieron ayer la dimisión de la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, a la que acusan de "incompetente" y de "mentir" en el número de efectivos de la Xunta en la lucha contraincendios. Además, reclaman la convocatoria de una mesa de negociaciones para solventar los problemas del sector.En una comparecencia conjunta, representantes de CCOO, UGT, CIG y CSIF pertenecientes al comité de empresa de los servicios antiincendios dependientes de la Xunta denunciaron escasez de efectivos y recursos obsoletos para combatir el fuego. Hay "motobombas con más de veinte años y no se reponen los guantes o cascos", afirman. Desde la Xunta, sostienen que "los medios son adecuados y funcionan bien".Los trabajadores del dispositivo de lucha contra los incendios sostienen que son "1.200 personas menos" que los 7.000 que asegura la Consellería. En relación a las brigadas municipales, los sindicatos apuntan que "de las 545" que apunta Medio Rural hay "400 menos" en funcionamiento, una merma de 150 equipos que implica "un 36% menos de operatividad y cobertura de territorio".También cuestionan la formación de los brigadistas municipales y su "precaridad laboral y temporalidad", así como el proceso de contratación, que califican de "oculto", en el que "no se respetan las listas" y en el que se selecciona a "los amigos del alcalde y los concejales".Los sindicatos retan a Medio Rural a desmentir sus datos y están dispuestos a "colaborar" con el departamento que dirige Rosa Quintana siempre y cuando "se apueste por un servicio 100% público y único".El representante del comité de empresa de CSIF en Pontevedra, Jordi Pérez, alertó además del "cierre en los últimos cuatro años del 30%" de los puestos de vigilancia, según los datos oficiales, aunque en la práctica "la reducción es del 50% desde 2011".Pérez afirmó que "sin nadie que detecte los incendios, nadie los puede apagar" e instó a Medio Rural a que diga "cuáles de las 73 casetas de vigilancia" distribuidas por Galicia "están abiertas" y en "qué condiciones".El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió ayer que "el servicio de extinción es muy grande y funciona bien". Remarcó el "enorme esfuerzo" que el Gobierno gallego hace en la lucha contra el fuego y garantizó que "la práctica totalidad de las plazas" del dispositivo están "cubiertas en más de un 90%".