A las entidades locales no les queda otro remedio que cerrar el año con un equilibrio exquisito de sus cuentas. El margen de déficit con el que cuenta todo el aparato administrativo del país para el actual 2015 -un 4,2% sobre el Producto Interior Bruto (PIB)- se reparte entre el Estado, la Seguridad Social y las comunidades. En su caso, los gastos no pueden superar a los ingresos, algo que, en principio, parece relativamente sencillo de cuadrar porque llevan los tres últimos ejercicios en superávit. Del 0,31% en 2012; un 0,52% en 2013; y el 0,53% en 2014, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda. Pero detrás del cumplimiento generalizado de la ley de Estabilidad Presupuestaria hay también excepciones, que en Galicia alcanzan a 27 concellos y mancomunidades que el pasado año acumularon un importante desajuste en su bolsillo. Entre todos suman casi 7,3 millones de euros de déficit que ahora tienen que paliar con el diseño de un plan de austeridad y quedan bajo la tutela financiera de la Xunta.
A la cabeza del sector local incumplidor el pasado 2014 está el municipio coruñés de Arteixo, con un déficit que supera en más de dos millones de euros el techo permitido. Le siguen Mugardos (935.966 euros), Pontedeume (609.152), Dumbría (583.617), A Rúa (400.879) y Porto do Son (395.700). El desfase en Vilasantar alcanza los 293.800 euros; otros 293.100 en Abegondo; por encima de los 287.600 en el ayuntamiento pontevedrés de Tomiño; 250.000 el de Sarria; y 242.000 el de Valdoviño. El listado elaborado por el departamento que dirige Cristóbal Montoro, y que por primera vez identifica la cuantía individualizada, sitúa a continuación a Vilanova de Arousa, con 166.600 euros; Muxía, con 160.300; Ortigueira, donde asciende a 115.100; Boiro, con 101.500 euros; O Bolo, con cerca de 81.000 euros; Palas de Rei, con 75.400; Coirós, que sitúa su desajuste en 64.600; una cantidad muy parecida a la de Coristanco (64.300 euros); prácticamente 58.000 en Trabada; 46.800 en Porqueira; 33.800 en Cerdido; y 18.300 en Boimorto.
Son 16 municipios de la provincia de A Coruña; tres de la de Ourense; tres de la de Lugo; y dos de la de Pontevedra. A ellos se unen cuatro mancomunidades. La formada por los concellos de O Morrazo, que supera en 88.300 euros el límite de déficit; la de la Ría de Arousa para la zona norte, con más de 36.700 euros; la de la Mariña lucense, con 23.600 euros; y la de Val Miñor, donde el montante se sitúa en 2.700 euros.
En 2013 las localidades gallegas afectadas por saltarse los criterios de estabilidad presupuestaria fijados por el Gobierno central fueron menos. 24. Algunas repiten. Arteixo, Pontedeume, Vilasantar, Trabada y Vilanova de Arousa ya incurrieron en un desfase del déficit en sus anteriores presupuestos.
La ley les impone la presentación de un plan de ajuste económico-financiero "que permita en el año en curso y en el siguiente el cumplimiento" de los objetivos marcados. En él hay que reflejar "las causas del incumplimiento"; las previsiones "tendenciales de ingresos y gastos"; la descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, "señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán"; y "las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte" el plan, con la correspondiente justificación de cada una. Como el Gobierno gallego cuenta con competencias atribuidas, será la Consellería de Facenda la que se encargue de vigilar a las 27 entidades y el reequilibrio de sus cuentas.
Los ingresos de todos los concellos, diputaciones y mancomunidades de Galicia ascendieron en 2014 a 2.651,276 millones de euros. Los gastos, a 2.547,125 millones, según los informes de liquidación presupuestaria local que acaba de dar a conocer también el Ministerio de Hacienda. La tijera aplicada en los dos años precedentes por parte del las entidades permitió abrir la mano con los gastos durante el pasado ejercicio. Un 3,2% más, mientras que el volumen de recursos disponibles aumentó mucho menos, un 0,7%.
En la parte de los ingresos destacan especialmente los impuestos. La aportación de los directos -donde se incluye la joya de la corona de la financiación local, el IBI, con subidas fijadas por ley desde 2012- creció un 2,9%, hasta los 824 millones de euros; los indirectos, un 1,9%; las tasas y precios públicos que los ayuntamientos cobran por sus servicios se elevaron cerca de un 4%, con 453,6 millones de euros. La captación de deuda se desploma. Los créditos sumaron 24,8 millones de euros, un 57% menos que en 2013.
Por eso también el gasto derivado de la deuda aumenta visiblemente. Por las amortizaciones de antiguos préstamos. Las entidades locales gallegas destinaron más de 210 millones a cancelar operaciones y pagar intereses. Las otras dos partidas de impacto entre los gastos son las del pago al personal, que vuelve a crecer un 1,7% -822 millones de euros- y los gastos corrientes y en bienes y servicios, un 5,6%, hasta 1.000 millones de euros, en la antesala de las elecciones locales.
